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El “shutdown” en Estados Unidos congela empleos y pagos por US$400 millones al día
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El cierre gubernamental se da tras el estancamiento en el Congreso. Diferencias sobre subsidios a salud y en programas sociales impidieron la aprobación del presupuesto
El gobierno de Estados Unidos ayer comenzó a suspender parcialmente sus operaciones, luego de que las negociaciones presupuestarias entre el Congreso y el presidente Donald Trump no llegaran a un acuerdo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que alrededor de 750.000 empleados serán suspendidos temporalmente, con una suspensión salarial equivalente a US$400 millones diarios. Posterior al cierre del Gobierno, se acuerda el desembolso del total de este monto, aunque muchas veces hay disputas y retrasos en este proceso.
“Ese monto no es una “compensación adicional” más allá del salario: es simplemente el salario que se dejó de pagar durante el cierre y que se asume que se pagará luego, aunque en la práctica puede haber demoras o disputas”, explicó Juan Pablo Vieira, CEO JP Tactical Trading.
Los llamados shutdowns han marcado la vida política norteamericana durante décadas. EE.UU. ha tenido 21 cierres en los últimos 50 años. En esta ocasión el impacto podría ser mayor porque dejaría a la mayor economía del mundo sin datos clave y con un riesgo de recortes laborales que podrían alterar de forma estructural al Estado.
A pesar de que los republicanos controlan tanto la Cámara como la Casa Blanca, necesitan que los demócratas del Senado superen un estancamiento procesal. En 2018, fue el impasse sobre la solicitud del presidente Trump de US$5.700 millones en fondos para el muro fronterizo lo que terminó provocando un cierre que duró un récord de 35 días.
Esto significa que las agencias se quedan sin recursos legales para operar. Esto obliga a suspender actividades y enviar a casa a cientos de miles de empleados considerados no esenciales, mientras los trabajadores esenciales, como militares, controladores aéreos o agentes de seguridad, deben seguir cumpliendo sus funciones, aunque no reciban salario hasta que se resuelva el bloqueo.
Los servicios esenciales continúan, como los pagos de la Seguridad Social, Medicare o las pensiones de veteranos, porque están protegidos por ley. También el correo sigue en funcionamiento, pero muchos otros programas se ven afectados: trámites tributarios del IRS, préstamos para pequeñas empresas, subsidios de vivienda, inspecciones de agencias reguladoras, parques nacionales y museos. Para el ciudadano, un cierre significa oficinas cerradas, retrasos en cheques y un acceso limitado a servicios cotidianos.
“A corto plazo se podría observar un repunte de la volatilidad, una caída moderada en acciones más sensibles a política, ajustes en los rendimientos del Tesoro y presión hacia activos refugio”.
“Después de revisar las demandas ridículas y poco serias que están haciendo los demócratas, he decidido que ninguna reunión con sus líderes del Congreso podría ser productiva”.
El impacto inmediato no se limita a lo administrativo. Una de las consecuencias más graves es la interrupción de la publicación de estadísticas económicas. La Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, no podría difundir a tiempo las cifras de empleo, inflación y salarios. En un momento en que la FED debate si realizan el segundo recorte de las tasas de interés del año, dejar a los responsables de las política monetaria sin información confiable equivale a operar a ciegas.
Los mercados, en principio, suelen tratar los cierres como un fenómeno más político que económico. En 2018-2019, el S&P 500 cayó durante los primeros días del cierre, pero terminó recuperándose y cerró con un alza de 10%. Sin embargo, estudios como los de Goldman Sachs muestran que el dólar tiende a debilitarse tras el inicio de un cierre. En un año en que la moneda ya enfrenta presión por disputas comerciales, aranceles y tensiones con la FED, un nuevo cierre sería una carga adicional en un terreno volátil.
El empleo es otro frente sensible. Se suman los 300.000 puestos que ya estaban proyectados para desaparecer en diciembre como parte de planes de retiro voluntario. En términos prácticos, el desempleo aumentaría y la actividad en zonas dependientes del sector público, como Washington, Virginia y Maryland, se vería resentida.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el cierre de 2018-2019 redujo en 0,02% el PIB de ese año. Aunque se recuperó parte del impacto cuando los trabajadores volvieron a sus puestos y cobraron salarios atrasados, ahora el riesgo es mayor: la administración ha dejado entrever que podría aprovechar el cierre como oportunidad para impulsar despidos permanentes y recortar programas, cambiando de raíz el tamaño del Gobierno federal.
Ese trasfondo político explica la dureza del pulso. El Congreso usa el presupuesto como arma de negociación y la Casa Blanca plantea el cierre no solo como una pausa, sino como un mecanismo de presión y de ajuste institucional. Lo que en el pasado ha sido un paréntesis temporal podría convertirse en un rediseño estructural de la burocracia. Expertos advierten que, si se concretan despidos definitivos, los daños serían difíciles de revertir incluso si los tribunales intervinieran más adelante.
En definitiva, un cierre gubernamental en EE.UU. no es un espectáculo político. Corren peligro estadísticas económicas cruciales, la vulnerabilidad su moneda, el incremento del desempleo y la erosión de la confianza en sus instituciones. Para millones de ciudadanos, significará trámites detenidos y cheques demorados.
Para la economía global, esto es un recordatorio de cómo la parálisis política en Washington puede sacudir los mercados internacionales debido a la dependencia que se tiene en el país norteamericano. Para la política interna, una señal de que el país es capaz de detenerse a sí mismo en plena marcha por desacuerdos.
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