¿Cuáles son las implicaciones del cierre gubernamental para la economía de EE.UU.?

La economía estadounidense se prepara para un escenario incierto mientras se aproxima el cierre parcial del Gobierno federal. Demócratas y republicanos siguen en punto muerto, intercambiando reproches sin lograr un acuerdo que evite la parálisis.

Una reunión reciente en la Casa Blanca, en la que participaron el presidente junto a los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, terminó sin compromisos. Desde la oposición, el vicepresidente J. D. Vance responsabilizó a los demócratas por “no hacer lo correcto”, mientras que Schumer respondió que las diferencias entre ambos bandos siguen siendo demasiado profundas.

Si no se alcanza una solución, a partir de la medianoche del miércoles muchas agencias federales se quedarán sin recursos. Esto se traduciría en el cierre de oficinas públicas, museos y parques nacionales, mientras que cientos de miles de empleados serían enviados a casa sin paga. Incluso quienes deban seguir trabajando, como los militares o los controladores aéreos, no recibirán sus salarios mientras dure la parálisis. Aunque las pensiones del Seguro Social y los programas de Medicare no se detienen por estar catalogados como gastos obligatorios, sí podrían presentarse retrasos en la entrega de los cheques.

Los demócratas buscaban que los republicanos garantizaran que no se eliminarán a finales de año ciertos subsidios creados durante la pandemia bajo la ley conocida como Obamacare, que amplió la cobertura médica a millones de personas sin seguro privado. También exigían revertir los recortes aplicados a Medicaid y a otros programas de salud incluidos en la llamada “ley grande y hermosa”, la reforma fiscal impulsada por Donald Trump.

Estas demandas respondían tanto a la necesidad de enviar a sus votantes una señal de firmeza frente al expresidente, casi un año después de la derrota electoral, como a la estrategia de reforzar el discurso sanitario con la expectativa de obtener beneficios políticos en los comicios de 2026. Los republicanos, en cambio, se mantuvieron firmes en lograr la aprobación de una prórroga presupuestaria, con la promesa de que, mientras el Gobierno siguiera funcionando, habría espacio para discutir esas condiciones.

La imagen de un país que se queda sin financiamiento para operar no es nueva, aunque los cierres han sido menos frecuentes en las últimas dos décadas frente a lo ocurrido en los años ochenta y noventa. Lo que sí ha cambiado es su duración: el récord se registró entre 2018 y 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, con 35 días consecutivos de cierre. Aun así, los efectos sobre el crecimiento económico en aquella ocasión fueron considerados relativamente limitados.

El contexto actual, sin embargo, es más delicado. Un cierre implicaría retrasar la publicación de datos cruciales para la toma de decisiones, como las cifras de empleo, inflación y salarios que produce la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS. Estas estadísticas son clave para los mercados y para la Reserva Federal, que se encuentra en plena discusión sobre las tasas de interés en un panorama económico ya de por sí incierto. Privar a los responsables de política monetaria de esa información agravaría la incertidumbre.

En cuanto a los mercados financieros, los cierres pasados no han tenido un impacto duradero. Durante el último episodio, el índice S&P 500 cayó en los primeros días, pero luego se recuperó con fuerza y cerró 10 % por encima del nivel inicial. Sin embargo, hay señales de advertencia: históricamente el dólar suele debilitarse tras el inicio de un cierre, y este año ya ha enfrentado presiones por decisiones políticas controvertidas, desde aranceles especiales hasta choques con la Reserva Federal. Un nuevo cierre podría intensificar esas tensiones.

El impacto sobre el empleo también sería visible. Alrededor de 900.000 funcionarios considerados no esenciales, cerca de 40 % de la fuerza laboral federal, quedarían suspendidos, lo que empujaría al alza las cifras de desempleo y afectaría el crecimiento. A ello se suma que el propio Gobierno ya proyectaba una reducción de 300.000 empleos en diciembre como parte de un programa de retiro voluntario impulsado a comienzos de año.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cierre de 2018-2019 redujo en 0,02 % el PIB anual, principalmente por la menor contribución de los trabajadores suspendidos y el retraso en el gasto público. En zonas como Washington, Virginia y Maryland, donde reside buena parte de los empleados y contratistas federales, la contracción en el mercado laboral podría sentirse de inmediato.

Otro factor inquietante es la posibilidad de que la administración utilice esta coyuntura como excusa para reducir de manera permanente la burocracia. Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, ha alentado a los departamentos a considerar despidos masivos en aquellas áreas financiadas con partidas discrecionales y que no coincidan con las prioridades presidenciales.

Aunque la ley no otorga a las agencias la facultad de despedir personal por la expiración de fondos, la estrategia apunta a acelerar recortes estructurales difíciles de revertir. Expertos como Bobby Kogan, exfuncionario de la propia OMB, advierten que la Casa Blanca parece dispuesta a avanzar sin importar los obstáculos legales, confiando en que los tribunales no actúen con la suficiente rapidez para detener los cambios.

En la práctica, esto transformaría un mecanismo temporal, el cierre del Gobierno, en una herramienta para reconfigurar de fondo el aparato estatal. Lo que en otras ocasiones ha sido una pausa seguida de la reincorporación de empleados con el pago retroactivo de salarios, esta vez podría convertirse en un proceso de adelgazamiento permanente de la administración pública. Y aunque aún es incierto si el cierre se prolongará o si será un episodio breve, lo claro es que sus repercusiones económicas y políticas podrían sentirse mucho más allá de Washington.