El regulador europeo de los seguros pide más vigilancia sobre las ventas por internet

No hay duda: Internet abre grandes posibilidades a la venta de seguros. Pero no todo son bienaventuranzas. La contratación a través de la Red implica un reto sin precedentes para los supervisores encargados de garantizar que no son vulneradas las reglas de protección de los consumidores.

El regulador europeo del seguro, Eiopa, ha podido constatar irregularidades relacionadas con la venta de este tipo de productos por Internet en varios países de la Unión Europea. Y aunque no ha identificado cuáles, sí ha considerado oportuno enviar un requerimiento generalizado a las diferentes autoridades nacionales con competencia en este ámbito, instando a un mayor control sobre la actividad de la industria aseguradora en Internet. Les pide que adopten «un enfoque más proactivo».

Eiopa busca elevar la conciencia de los vigilantes del seguro (tarea que en España recae en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) sobre el impacto que la distribución online genera en clave de protección del consumidor. El objetivo es contribuir a tapar los agujeros detectados hasta ahora, pero sobre todo prevenir que el desarrollo de los seguros por Internet agrave las insuficiencias observadas.

«Debido a la previsible evolución del mercado, el detrimento para los consumidores puede convertirse en un problema cada vez mayor para las autoridades de supervisión financiera», anticipa.

¿Cuáles son las deficiencias ya percibidas? Aunque el regulador europeo admite que la extensa información sobre seguros que cabe en Internet ayuda a los clientes a tomar decisiones, avisa: «El exceso de información también puede significar un desafío para los consumidores».

De hecho, Eiopa recuerda que los análisis de comportamiento registran que, incluso en un contexto de abundancia de información, los usuarios de la Red no hacen suficientes búsquedas y utilizan patrones de compra básicos que pueden inducir a «sesgos y distorsiones».

En el caso concreto de los seguros, la autoridad europea apunta a que «los consumidores son poco propensos a revisar los documentos que recogen datos de los productos y se centran solo en el precio». Algo en lo que influye el formato elegido por la compañía para presentar la información.

Eiopa advierte, asimismo, sobre la falta del consejo a través del canal digital. «Los distribuidores a veces no proporcionan asesoramiento suficiente. Esto puede hacer que los clientes compren productos que no cubren sus necesidades», dice. Además, considera que hay posibilidades de que los usuarios que están viendo primas de seguros en Internet «entren inadvertidamente en un contrato no solicitado», como consecuencia de las opciones marcadas predeterminadamente por la aseguradora.

Y pese a que la legislación europea establece un «periodo de reflexión» para rescindir el compromiso adquirido, esta solución «no resolvería necesariamente todos los casos identificados», subraya el supervisor europeo.

Los comparadores de seguros son otro de los puntos negros. Un informe reciente de la institución revelaba que los usuarios confiaban demasiado en el precio que facilitaban los sitios web de comparación, y no profundizaban en las condiciones subyacentes asociadas al producto.

Algo peligroso porque, según Eiopa, estas páginas «pueden proporcionar información fraudulenta a los consumidores debido a los conflictos de interés derivados de los estrechos vínculos comerciales entre aseguradoras y comparadores».

Sobre la base de estas carencias y aun reconociendo que dada su naturaleza efímera es «difícil» controlar los canales de distribución digital y la incipiente venta por correo electrónico, Eiopa insta a las autoridades nacionales de los países de la UE a reforzar las acciones de vigilancia para «garantizar» que las compañías de seguros siguen las pautas de protección a los consumidores, y que éstos reciben asesoría e información adecuadas.

Y les pone deberes en esa dirección: solicita que recopilen datos e identifiquen las posibles incidencias en la venta online de seguros dentro su mercado, para que en un plazo de seis meses reporten la información recabada y, en caso de que haya investigaciones concretas, también los pormenores sobre dichas actuaciones.