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Pedro Sánchez, presidente de España
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Afirmó que los no residentes fuera de la UE compraron unas 23.000 viviendas en España durante 2023, una fracción del déficit actual
El primer ministro español, Pedro Sánchez, propondrá prohibir que personas de fuera de la Unión Europea compren viviendas en el país, como parte de un intento más amplio para enfrentar la escasez de viviendas.
El Gobierno “propondrá prohibir a extranjeros extracomunitarios comprar viviendas en nuestro país, cuando ni ellos ni sus familias viven aquí y por tanto están especulando”, afirmó Sánchez el domingo en un mitin del Partido Socialista.
Dijo que los no residentes de fuera de la UE compraron unas 23.000 casas y pisos en España durante 2023, todavía una fracción del déficit estimado actual.
La declaración del domingo lleva un paso más allá un anuncio reciente de Sánchez.El 13 de enero, el presidente dijo que quería limitar la compra de viviendas a los ciudadanos no comunitarios sin residencia en España y que cobraría un impuesto de 100% sobre las compras.
Las medidas para limitar y potencialmente prohibir las adquisiciones extranjeras son parte de un intento de combatir una creciente crisis inmobiliaria.
En sus comentarios anteriores, Sánchez anunció un plan de 12 puntos que incluía construir más viviendas públicas, ofrecer garantías financieras para inquilinos jóvenes y aumentar los impuestos sobre los alquileres vacacionales de corto plazo.
La escasez de viviendas asequibles en España se ha convertido en un tema central de discusión, con todos los partidos principales presentando propuestas para impulsar la construcción y contener los crecientes precios, incluso en la capital, Madrid. Sánchez dijo que en España hay un déficit de unas 200.000 casas nuevas al año en relación a la demanda actual.
Los ciudadanos británicos, el mayor grupo de compradores de fuera de la UE, serían los más afectados por cualquier cambio. En su mayoría, adquieren casas de vacaciones o propiedades para jubilados en la costa española.
Madrid también ha visto un aumento de compradores latinoamericanos adinerados en los últimos años que compran propiedades de alta gama en la capital.
Cualquiera de las propuestas de Sánchez —gravar las compras a 100% de su valor o prohibirlas por completo— requeriría la aprobación del parlamento, y eso no es nada seguro. Sánchez lidera un gobierno de coalición minoritario y ha tenido dificultades para aprobar leyes en los últimos meses.
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