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La ley, que contó con el respaldo de todos los partidos proeuropeos y tan solo el voto en contra de los comunistas y los neonazis, fue aprobada tan solo unas horas después de que el Banco Central Europeo diera a conocer los resultados de las pruebas de resistencia de los cuatro principales bancos de este país.
Según estas pruebas, las entidades financieras tienen unas necesidades de capital adicional de entre US$4.840 y US$15.841 millones, dependiendo de si la economía evoluciona según lo previsto o de forma negativa.
Los cuatro bancos -el Banco Nacional de Grecia, el Banco del Pireo, el Alpha Bank y el Eurobank- tienen hasta el próximo 6 de noviembre para explicar sus planes sobre cómo afrontarán estas necesidades.
La nueva ley prevé que el FHEF tenga un representante en el consejo de administración de cada uno de los bancos que haya contribuido a recapitalizar.
Este representante tendrá derecho a pedir la convocatoria del consejo de administración y de la asamblea general de accionistas y será necesario contar con su visto bueno para el nombramiento del director gerente, encargado de la gestión económica.
Además tendrá derecho de veto sobre una serie de decisiones, como la distribución de dividendos, el pago de sobresueldos a los ejecutivos, la estrategia del banco o la gestión de los activos y de los pasivos.
La ley estipula asimismo que el precio de las acciones a disposición de los inversores privados "no puede ser inferior al precio de las acciones que recibirá el FHEF" a cambio de su contribución al aumento de capital del banco.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, recalcó durante el debate que precedió a la votación que el proceso de recapitalización finalizará antes de finales de año, antes de que entre en vigor la nueva normativa europea, que permite quitas a los depósitos superiores a los US$110.011.
Antes de finales de año se habrá resuelto además el problema de la gestión de las carteras morosas de los bancos, prometió Tsakalotos.
El Gobierno todavía no ha logrado llegar a un acuerdo con los representantes del denominado cuarteto -Mecanismo Europeo de Estabilidad, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- sobre cómo gestionar la cartera de créditos morosos de la banca, que a comienzos de año alcanzaba casi el 35%, la más alta de la Unión Europea.
El Gobierno se niega a facilitar las ejecuciones hipotecarias como exigen los prestamistas o a permitir que las carteras de créditos en mora se vendan a fondos privados, también conocidos como fondos "buitre".
El viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, recalcó hoy durante el debate que el Gobierno no aceptará la venta de las carteras de créditos morosos a fondos privados, sino que planea una "reestructuración" de estos préstamos.
Buena parte de los créditos en mora los componen las hipotecas, y tanto el Gobierno anterior del conservador Andonis Samarás como el actual izquierdista de Alexis Tsipras se han resistido a la exigencia de los acreedores de proceder a desahucios de primeras viviendas.
El Gobierno heleno ha propuesto proteger de ejecuciones hipotecarias todas las viviendas con un valor catastral inferior a los US$220.022, mientras que las instituciones quieren que el valor máximo protegido sea de US$132.013.
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