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Estados Unidos
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El primer caso en la agenda de los magistrados es una disputa en Iowa sobre la condena de un delincuente por drogas
El lunes comienza el nuevo mandato del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se prepara para abordar importantes casos relacionados con el derecho a las armas, el poder de las agencias federales, la regulación de las redes sociales y los distritos electorales demarcados por los republicanos, y estudia la posibilidad de retomar un litigio sobre la disponibilidad de la píldora abortiva.
El primer caso en la agenda de los magistrados -seis conservadores y tres liberales- en sus nueve meses de mandato es una disputa en Iowa sobre la condena de un delincuente no violento por drogas.
En un caso de gran envergadura programado para el martes, los jueces examinarán el primero de al menos tres litigios que podrían dar lugar a nuevos límites a la autoridad de los organismos reguladores, a veces denominados el "Estado administrativo", un antiguo objetivo de muchos conservadores e intereses empresariales estadounidenses.
El caso del martes se refiere a un recurso de inconstitucionalidad contra la estructura de financiación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la principal agencia estadounidense de vigilancia de las finanzas de los consumidores.
Más adelante, los jueces verán un intento de limitar los procedimientos internos de aplicación de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), el regulador de los mercados financieros, así como un caso que podría dificultar a las agencias la defensa de sus acciones frente a impugnaciones legales.
Este último caso -sobre si el gobierno puede exigir a los pescadores comerciales que ayuden a financiar un programa de control de las capturas de arenque en la costa de Nueva Inglaterra- da a los jueces conservadores la oportunidad de revocar el precedente del tribunal de 1984 que pide a los magistrados que se remitan a la interpretación de las agencias federales de las leyes estadounidenses, una doctrina llamada "deferencia Chevron".
Detrás del país, se ubican Guatemala en la cuarta posición con US$1.300 millones, y Costa Rica en el quinto lugar con US$1.100 millones
La medida dejó congelados los ahorros y cuentas de 60% de la población adulta del país, además de comprometer unos 380 millones de dólares pertenecientes a fondos públicos y del sistema de jubilaciones
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