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ESPAÑA

El Gobierno español aprueba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

martes, 6 de mayo de 2025

Reducción de la jornada laboral en España.

Foto: Gráfico LR.

El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas

Expansión - Madrid

El Consejo de Ministros da luz verde al texto acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y manda el recorte de jornada a 37,5 horas semanales al Congreso como proyecto de ley por la vía de urgencia. Junts advirtió que su enmienda a la totalidad no es un pulso y dijo que tumbará la medida.

LOS CONTRASTES

  • Yolanda DíazMinistra de Trabajo en España

    “Los empresarios de España ya están negociando jornadas en esta dirección, solo unas pocas tienen todavía las jornadas de tiempos del siglo XX. Muchos ya han respondido a través de un informe del CES”.

Casi un año después de que se comenzara a negociar la medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para esta legislatura el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La medida entra así en la fase definitiva para su aprobación en el Congreso de los Diputados, pero inicia el trámite parlamentario tras un importante traba por el anuncio de Junts de que propondrá una enmienda a la totalidad que de salir adelante enterrará la medida antes de que pueda ser negociada por parte de los grupos parlamentarios.

“Se dirige a 12 millones de asalariados que van a ver mejorar su vida y su trabajo. El Gobierno de España ha echo su trabajo, a cumplido. Ahora tiene que hablar la soberanía popular. Vamos a tener la oportunidad de saber qué va a hacer cada formación política”, señalaba la vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

“El PP tiene que decidir si tumbar la reducción de la jornada laboral. ¿Va a maniobrar Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral como hizo con la reforma laboral?”, señaló Díaz poniendo la presión sobre la eventual aprobación de la medida en los 137 diputados del PP, asumiendo así la casi nula posibilidad de sacar adelante la medida con los siete diputados de la formación independentista dirigida por Carles Puigdemont.

“Cuando alguien practica una política como un arma de destrucción como hizo el PP con la reforma laboral se convierte en la nada”, aseguró Díaz depositando la responsabilidad de la aprobación en el principal partido de la oposición.

 

De este modo, el Ejecutivo comienza a allanar el terreno para responsabilizar al PP de la posible caída de la reducción de jornada tras el órdago de Junts que este mismo martes ha confirmado que no es un farol, asegurando que no apoyaran el proyecto de ley porque no han sido consultados en su diseño, porque no cuenta con el acuerdo por parte de las organizaciones empresariales y porque la iniciativa “dificulta trabajar” e impone una “fiscalización inaceptable” a las empresas.

“Los empresarios ya han respondido a través de un informe del CES”, señalaba la vicepresidenta asegurando que el dictamen favorable del Consejo Económico supone en cierto modo un espaldarazo de la esfera empresarial al recorte de jornada.

“Los empresarios ya están negociando jornadas en esta dirección, solo unas pocas tienen jornadas de tiempos del siglo XX”, señaló Díaz.

“Me consta que por Junts, el PP y otras formaciones no deciden los empresarios. Lo que nos están diciendo es que presentan una enmienda de devolución como herramienta de negociación y que se deben a las pymes de Cataluña. Hay margen para la negociación. Nadie se atreve a decir abiertamente que se opone a la norma de forma contundente, cuando esto pasa es porque esta norma está ganada en la calle”, dijo Díaz.

No obstante, el desacuerdo de las organizaciones empresariales -CEOE y Cepyme rechazaron el texto ya en noviembre del pasado año- allana el camino para que los partidos escépticos hacia la medida apuntalen su rechazo a una norma cuya redacción solo cuenta con el visto bueno de los sindicatos UGT y Ccoo.

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