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Periodistas y trabajadores de la prensa presos en Venezuela
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La asociación EditoRed pidió “vigilancia activa” a la UE y a la región y denuncia un “apagón informativo” agravado por el nuevo régimen excepcional y detenciones
La Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, EditoRed, emitió este martes un comunicado de prensa en el que reclama el cese “de forma inmediata” de la persecución contra periodistas y medios en Venezuela.
También exhortó a la Unión Europea y a organismos regionales a mantener una “vigilancia activa” para no “normalizar el silencio impuesto” en el régimen venezolano y que se agravó luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
“La libertad de prensa es el termómetro de la salud democrática de una nación”, subrayó la organización, que pidió restituir garantías constitucionales para ejercer el periodismo sin censura.
El pronunciamiento llega en un contexto descrito por la organización como un “apagón informativo” y una “emergencia humanitaria en el ámbito de la información”, tras el cierre de espacios radiofónicos, el bloqueo de plataformas digitales y el hostigamiento judicial y físico a editores y reporteros.
Según EditoRed, estas prácticas vulneran derechos profesionales y dejan a la ciudadanía “en una indefensión absoluta” frente a la desinformación y la propaganda. La asociación enmarca lo que ocurre en Venezuela en una tendencia más amplia, “a ambas orillas del Atlántico”, donde el periodismo está bajo asedio por el uso malicioso de tecnologías, la asfixia económica y la violencia directa.
La organización denunció que el deterioro se agravó con la entrada en vigor del estado de excepción, oficialmente, estado de conmoción exterior por 90 días, prorrogables tras los bombardeos en Caracas y otras zonas del vecino país.
El decreto, publicado el 3 de enero, moviliza a la Fuerza Armada, militariza infraestructuras críticas como servicios públicos e industria petrolera, habilita cierres de fronteras, requisiciones de bienes y restringe la circulación y las manifestaciones.
A través de redes sociales se ha conocido que en Caracas se multiplicaron los puntos de control, con retenciones de transeúntes y conductores y revisiones de teléfonos en busca de publicaciones que respalden los ataques de Estados Unidos o la captura de Nicolás Maduro. El gobierno interino justificó la medida para “proteger los derechos de la población” frente a una agresión externa.
Aunque la Constitución venezolana de 1999 permite declarar conmoción interior o exterior, la norma fijan algunos límites: no pueden suspenderse derechos intangibles como la vida, el debido proceso, la prohibición de incomunicación o la tortura y el derecho a la información.
Organizaciones como Acceso a la Justicia advirtieron, además, inconsistencias formales como que el decreto aparece suscrito por Maduro el mismo día en que el Tribunal Supremo declaró su ausencia temporal y designó a la presidenta encargada.
A la par del control reforzado, se reportaron detenciones de algunos periodistas. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 14 trabajadores de medios fueron detenidos y luego liberados durante la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional y la asunción de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La organización denunció que los comunicadores fueron interrogados, se les revisaron los teléfonos y se prohibió estrictamente transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías. El gremio recordó que 23 periodistas permanecen detenidos de forma prolongada. En paralelo, el corresponsal italiano Stefano Pozzebon (CNN) fue retenido en el aeropuerto de Caracas y deportado a Colombia, pese a contar con permiso de residencia.
EditoRed denunció que las acciones contra la prensa constituyen una “violación flagrante” del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen el derecho a buscar, recibir y difundir información sin fronteras.
También recuerda que la Carta Democrática Interamericana reconoce la libertad de expresión como pilar de la democracia, y advierte de una “ruptura deliberada” del orden jurídico internacional cuando se ignoran estos compromisos.
La organización sostiene que “la verdad no puede ser objeto de negociación” y anuncia que, de ser necesario, solicitará la implicación de la ONU y de tribunales internacionales para asegurar democracia, libertad y derechos humanos.
Los editores reclamaron detener la persecución, desbloquear medios y restituir garantías para el trabajo informativo.
El mayor peso financiero recae sobre el Fondo de Pensiones, que concentra la mayor parte del presupuesto y enfrenta un faltante de varios miles de millones de dólares
Se espera que el juez establezca un calendario inicial para el intercambio de pruebas y las mociones previas al juicio, que no se anticipa antes de 2027
Hasta ahora, los inversionistas bursátiles se han mostrado en gran medida imperturbables frente a las tensiones en Venezuela
