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Impulsado por tres años de medidas de austeridad impuestas por Atenas a cambio de fondos de rescate de sus prestamistas extranjeros, el desempleo subió a un 26.9% en abril, dijo el servicio de estadísticas ELSTAT, el nivel más alto desde que se comenzaron a publicar los datos de desocupación en 2006.
Casi tres veces más griegos están sin trabajo comparado con fines de 2009, cuando Grecia se hundió en una crisis de deuda que lo obligó a buscar ayuda de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota.
“Existe el temor constante de que si tú pierdes tu trabajo nunca encontrarás uno nuevo. Entonces, ¿cómo vas a pagar tus cuentas, ¿cómo vas a comprar comida?”, dijo Androniki Gerasimaki, un oficinista de 54 años.
La tasa de desempleo, superior al 26.8% registrado en marzo, supera en más del doble el promedio de la zona euro, que se situó en el 12.2% en mayo.
Las personas de entre 15 y 24 años siguen siendo las más afectadas, a pesar de que el ritmo de desempleo para ese grupo bajó a 57.5% en abril desde un 58.3% en marzo.
Se estima que entre 700 y 1,000 griegos han perdido su trabajo diariamente desde el comienzo de la crisis, según ELSTAT, y los efectos de una mejora tardarán en sentirse en el mercado laboral si es que se inicia una recuperación este año, como proyectan las autoridades.
El banco central griego proyecta que el desempleo llegará a un máximo de 28% antes de comenzar a disminuir en 2015.
“Podríamos ver una explosión social en el otoño (boreal). Nadie puede predecir exactamente cuál es el límite de la tolerancia de la sociedad”, dijo Dimitris Mardas, profesor de economía en la Universidad Aristóteles de Salónica.
La UE y el FMI, que han entregado a Atenas más de 200,000 millones de euros (US$ 257,000 millones), aprobaron esta semana un tramo de ayuda de 6,800 millones de euros con la condición de que venda los activos del Estado y siga adelante con una serie de impopulares reformas, entre ellas el recorte de su fuerte sector público, compuesto por 600,000 funcionarios.
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Las citaciones formaban parte de un intento "inconstitucional" de coaccionar a Walz y a otros funcionarios para que ayudaran al Departamento de Justicia a hacer cumplir las leyes civiles de inmigración
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