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Con esta medida, se eliminan disposiciones sobre indulto anticipado, sanciones en hidrocarburos, allanamientos sin orden judicial y pertenencia a grupos armados, entre otras
Tras las sentencias de inconstitucionalidad que afectaron las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, quedaron anuladas 34 reformas al Código Integral Penal que habían sido incorporadas en esos cuerpos legales, entre ellas disposiciones sobre indultos anticipados, pertenencia a grupos armados y allanamientos sin orden judicial.
El fallo de la Corte Constitucional consideró que el Ejecutivo y el Legislativo violaron normas al tramitar esos proyectos, por vulnerar principios como la urgencia económica, la unidad temática y la deliberación legislativa. Al caer esas leyes, las reformas propuestas por el movimiento oficialista ADN quedaron sin efecto. No obstante, los magistrados limitaron el alcance de la retroactividad, de modo que solo se aplicaría a la ejecución de penas previstas en la ya anulada Ley de Integridad Pública.
Las leyes invalidas incluían reformas en ámbitos variados: normas sobre delitos cometidos en un conflicto armado interno, sanciones relacionadas con actividades de hidrocarburos, disposiciones procesales especiales y cambios en figuras penales como el indulto anticipado. También contemplaban reformas sobre allanamientos sin orden judicial en contexto de conflicto, restricciones al acceso a beneficios carcelarios, modificaciones al régimen de armas, endurecimiento de penas para delitos relacionados con hidrocarburos y redefinición de figuras como la pertenencia a grupos armados.
En la ley de Solidaridad Nacional se pretendía penalizar acciones contra actividades hidrocarburíferas, como atentados contra oleoductos o transporte de combustibles, crear el “indulto anticipado” presidencial y sancionar la paralización injustificada del suministro de combustible, entre otras reformas. También se incluían penas elevadas para la participación en grupos armados, delitos conexos como narcotráfico, lavado de activos o trata de personas, así como permitir allanamientos sin orden judicial durante conflictos armados, con control posterior judicial.
Por otro lado, la derogada Ley de Integridad Pública contemplaba sanciones para jueces y fiscales que actuaran contra la ley, modificaciones a penas por porte o tenencia ilegales de armas, expulsión de extranjeros condenados y cambios en el régimen de aplicabilidad de medidas especiales para adolescentes infractores.
En resumen, la declaración de inconstitucionalidad de ambas leyes implicó que las 34 reformas penales que habían sido impulsadas pierden validez. Solo algunas de sus implicaciones quedaron sujetas a efectos retroactivos limitados, mientras que otras disposiciones desaparecen por completo del ordenamiento legal.
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