Los expertos señalan que más que la publicación de datos se debe tener personas competentes para interpretarlos

Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co

De acuerdo con la tercera edición del estudio: ‘Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020’ que elabora el BID y la Ocde, Colombia, México, Brasil y Uruguay son los países de la región más avanzados en datos abiertos gubernamentales.

Sobre la posición que ocupó Colombia en este ranking, Liliana Gómez, directora de la maestría de comunicación política de la Universidad Javeriana, comentó que nuestro país siempre ha estado dispuesto a compartir datos públicos y ha avanzado en este tema. Sin embargo, no hay una política clara sobre para qué se ponen los datos, por ejemplo”, añadió.

Además, Gómez explicó que “más que tener mucha información disponible, es importante que hayan personas que tengas los conocimientos necesarios para saber qué hacer con los datos. Como ciudadanos nos faltan competencias para interpretar toda la información que se publica, por lo que a pesar de que hay datos no nos sentimos participes de nada”.

A pesar de que Colombia, México, Brasil y Uruguay fueron los países que registraron el mayor promedio dentro de las naciones analizadas, la publicación rescata que en el resto de territorios también se “tomaron medidas para integrar a los actores interesados en su proceso de elaboración de normas o regulaciones”.

LOS CONTRASTES

  • Emilio PinedaJefe de la División de Gestión Fiscal del BID

    “Para sostener un crecimiento inclusivo, la región necesita continuar impulsando reformas del sector público que promuevan la estabilidad fiscal”.

  • Liliana GómezDir. de la maestría de Comunicación Política de la U. Javeriana

    “Hay una política clara sobre la cantidad de datos y la información que se comparte, pero aún falta avanzar en el para qué y para quién se publican para que los interpreten”.

Entre las estrategias que se han adoptado en los países de la región para mejorar este indicador se destaca que se “adoptaron requisitos formales para realizar consultas al desarrollar regulaciones subordinadas, se establecieron diversas metodologías para comprometerse con estos actores, incluidos períodos mínimos y documentación de respaldo para consultas”.

Además de los avances en materia de rendición de cuentas por medio de estrategias de datos abiertos, el estudio señaló que “en 2018, 34% de la población en los países de América Latina y el Caribe (ALC) reportó tener confianza en el gobierno, cuatro puntos porcentuales más que en 2007”. Sin embargo, una de las mayores conclusiones del documento es que los gobiernos deben fortalecer los mecanismos de gobernanza e integridad para mejorar la calidad y la implementación de políticas públicas, reducir la corrupción y aumentar el índice de confianza.

Según Emilio Pineda, jefe de la División de Gestión Fiscal del Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID, “los indicadores muestran que ALC continúa enfrentando desafíos en el diseño y la aplicación de políticas públicas que promueven el buen gobierno y las sociedades inclusivas.

Estas recomendaciones se basan en que, por ejemplo, en materia de reformas gubernamentales, la región enfrenta debilidades de coordinación en los centros de gobierno, lo que dificulta la integración y la implementación efectiva de políticas de integridad en todas sus entidades públicas.

Sumado a esa falencia, el estudio encontró que a pesar de que la desigualdad en el ingreso (medida por el coeficiente Gini) se redujo en la mayoría de los países de ALC, este indicador era más alto en todos las naciones de ALC que en los cinco territorios más desiguales de la Ocde para 2017.

“Las desigualdades en la región pueden haber arraigado un círculo de élites que utilizan su poder para garantizar que la formulación de políticas continúe reflejando sus propios intereses y no el interés público. Incluso cuando se introducen las políticas adecuadas, su implementación sigue siendo superficial”, concluye el documento.