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En una carta enviada al Gobierno italiano, el Ejecutivo comunitario le pide que "responda a cuestiones sobre la insuficiencia de medidas adoptadas en relación a las estrategias de control de emisiones empleadas por el grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA)", informó esta institución en un comunicado.
La Unión Europea (UE) prohíbe el uso de dispositivos que falseen las emisiones de óxidos nitrosos (NOx) en las pruebas de laboratorio, de forma que estas sean más elevadas durante la conducción real.
Para la Comisión, el empleo de este tipo de software sólo es justificable si es necesario para proteger el motor durante las pruebas o para que el vehículo pueda ser operado con seguridad.
Tras el escándalo por el trucaje de emisiones que afectó a vehículos diésel del grupo Volkswagen en 2015, la Comisión pidió a los Estados miembros que llevaran a cabo las investigaciones necesarias para determinar si dispositivos similares habían sido empleado en coches a la venta en el mercado único.
A través del procedimiento de infracción iniciado hoy, la CE pide a Italia aclarar por qué Fiat Chrysler no ha justificado de forma suficiente "la necesidad técnica" -y, por tanto, la legalidad- de este tipo de dispositivos en sus pruebas de laboratorio.
El Ejecutivo comunitario quiere determinar, además, si Italia no cumplió con su obligación de adoptar medidas correctivas e imponer sanciones a la compañía.
Según la legislación europea, los países son responsables de comprobar que un modelo de coche cumple con todos los estándares comunitarios antes de ponerlos a la venta en el mercado único.
"Cuando una empresa incumple los requisitos legales, las autoridades nacionales deben emprender acciones correctivas y aplicar sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas", recordó la CE.
La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, alertó de que las empresas automovilísticas han tratado "de forma laxa" las pruebas de emisión de gases y aseguró que los escándalos recientes "han demostrado que la responsabilidad de hacer cumplir la ley (...) no puede recaer únicamente en los Estados miembros".
Italia dispone ahora de dos meses para responder a las cuestiones planteadas por la CE.
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