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Argentina incluirá a Francia como un lugar de pago alternativo para los bonistas reestructurados que se han visto impedidos de cobrar por una decisión judicial en Estados Unidos, como parte de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno que votará el Senado este miércoles.
La iniciativa, que se espera que aprueben sin inconvenientes los legisladores oficialistas para remitirla a la Cámara de Diputados, está diseñada para sortear el fallo del juez de distrito neoyorquino Thomas Griesa que impide al país pagar sus compromisos de deuda en el exterior.
“Se va a agregar la posibilidad de pago bajo ley francesa”, dijo Pablo González, senador del Frente para la Victoria, la coalición peronista de la presidenta Cristina Fernández.
El proyecto de ley apunta a que el estatal Banco Nación reemplace a Bank of New York Mellon (BNY Mellon) como agente de pagos de bonos argentinos reestructurados bajo leyes extranjeras.
Esto implicaría pagar en Buenos Aires títulos públicos con un capital de alrededor de US$30.000 millones que antes del fallo del juez eran honrados en Nueva York, Londres y Tokio.
La inclusión de Francia como un lugar de pago alternativo fue propuesta por el líder opositor Sergio Massa, que en algunas encuestas lidera las preferencias de votos para las elecciones presidenciales de octubre del 2015, a las cuales Fernández no se puede presentar.
El proyecto de ley, que puede ser objeto de demandas legales por parte de tenedores de deuda debido a que cambia los términos de los contratos que rigen los bonos, es de difícil aplicación ya que el Gobierno argentino carece de la información necesaria sobre la identidad de los bonistas.
Esos datos los manejan las instituciones hasta ahora a cargo del proceso de pago de los títulos, pero no pueden compartir la información con Argentina porque Griesa podría amonestarlos.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, ha dicho que los bonistas podrían proponer lugares de pago alternativas con la condición que estén fuera de la influencia de Griesa.
El bloqueo del magistrado hundió a fines de julio a la tercera economía latinoamericana en su segundo default de deuda en poco más de una década, cuando no se pudo pagar en el exterior unos US$600 millones por los cupones de un bono Discount emitido bajo leyes extranjeras.
Este título fue uno de los entregados en los canjes de deuda que realizó el país para dejar atrás su default del 2002. Casi 94% de sus acreedores aceptaron los términos de la reestructuración que implicaron fuertes quitas.
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