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Este régimen permite a las pyme tomar una parte de las contribuciones como crédito de IVA y se determinaba por el lugar de radicación
La reactivación del empleo y el acceso a la vivienda serán dos de los puntales sobre los que se centrarán los anuncios que el mandatario argentino, Alberto Fernández, realizará en los próximos días y con los que pretende salir de la dura crisis que impuso la cuarentena.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya había anticipado que el Gobierno trabajaba sobre esta idea, y fuentes que siguen de cerca el borrador oficial afirmaron que se trata una de las propuestas que formará parte de este paquete de medidas.
Este régimen permite a las pyme tomar una parte de las contribuciones como crédito de IVA. Esa proporción subía en la medida en que la empresa estaba radicada más lejos de la Ciudad de Buenos Aires.
Así, la búsqueda pasa por fomentar la creación de empleo de calidad en ciudades más lejanas de los centros urbanos. Según dijeron las fuentes, todavía restan por definir algunos pormenores de esta reglamentación todo indica que apuntará sobre todo al sector industrial.
Respaldo Nacional
Esta posibilidad había sido reclamada por varios empresarios, aunque también es vista con muy buenos ojos por los gobernadores, muchos de los cuales mantienen reuniones periódicas con funcionarios del Gobierno. También se trabaja sobre otra medida que, entienden en el Gobierno, podría colaborar con la generación de empleo.
Se habilitaría un esquema de rebaja en las cargas patronales para los nuevos puestos que se creen, de modo de quitarle peso económico a las empresas. El apalancamiento de la construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis, al menos en esta etapa, tendrá mucha relación con el acceso a la vivienda que procurará facilitar el Gobierno.
A partir de 2025, en cambio, la situación cambia radicalmente y sin acceso a los mercados podría tornarse inviable. Desde ese año, los pagos de la deuda saltan a US$9.000 y US$10.000 millones por año y llegan a los US$13.000 millones en 2028, cuando la factura a pagar a los bonistas será incluso más alta de lo que es hoy, bajo el calendario actual que el Gobierno incumplió a partir del 22 de abril.
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