Al presidente español se le complica la amnistía y valora convocar elecciones

La amnistía a Puigdemont se le complica a Sánchez. El presidente maneja la posibilidad de romper los contactos con el fugado y presentarse como un hombre de estado a unos nuevos comicios.

Pedro Sánchez está a punto de lanzarse una vez más al vacío y convocar nuevas elecciones generales. La amnistíaque le exige Puigdemont empieza a ser un sapo demasiado indigesto y sus augures empiezan a ver en los posos del café que enfrentarse ahora al fugado puede salir más rentable que ceder.

Le susurran al oído que renegar del monstruo de Waterloo y reivindicarse por ello como un hombre de Estado puede ser un magnífico cartel para concurrir de nuevo a las elecciones. No le garantizan la victoria, pero casi cualquier nuevo escenario electoral le coloca en mejor posición para intentar la investidura. Se están convenciendo de que es un riesgo que merece la pena correr.

Hasta hace poco, en Ferraz consideraban que repetir elecciones era darle una nueva oportunidad a Feijóo y para evitarlo estaban dispuestos a cruzar todas las líneas rojas. En especial, la elaboración de una ley de amnistía que prácticamente ningún jurista de renombre admite que quepa en la Constitución. ¿Cómo salvar este inconveniente? Pues dándole lustre al Tribunal Constitucional.

El reciente recurso presentado por los socialistas ante el TC para intentar recontar los votos nulos en Madrid solo ha resultado ser una cortina de humo diseñada para dar una mano de credibilidad a la institución que preside Cándido Conde Pumpido, antes de que tuviera que pronunciarse sobre esa polémica ley de amnistía diseñada para borrar los delitos del procés. Esa es la condición irrenunciable exigida por Junts para catapultar a Pedro Sánchez a la presidencia de España. Desde el primer día, el sanchismo sabía que la causa de los 30.000 votos nulos estaba más que perdida. Estadísticamente, muchos de los sufragios discutibles serían atribuibles al PP, lo que hacía que los alrededor de 1.300 votos de diferencia necesarios para hacer saltar ese escaño hacia las filas socialistas fueran inalcanzables.

¿Por qué entonces Ferraz ha mantenido esta batalla hasta llegar al Constitucional como si le fuera la vida en ello? Porque era un mero señuelo para dotar de credibilidad a la institución antes de enviarla a Siberia. Sánchez y sus asesores sabían que la negativa, perfectamente coordinada, del propio TC al recuento contribuía a limpiar la imagen sectaria que esta institución arrastra desde que Cándido Conde Pumpido la pastorea.

La parte “progresista” del Constitucional se ha sumado sin chistar al rechazo al recuento de los votos nulos porque Sánchez no tenía nada que ganar. El resultado no iba a variar y, además, haber dicho lo contrario, en contra del criterio de la Junta Electoral Central y del propio Supremo, hubiera creado un peligroso precedente para el futuro que le complicaría la vida a las juntas electorales. Inviable a todas luces. Rechazar el recurso del PSOE permite, sin embargo, al Gobierno decir: “Veis cómo este Tribunal Constitucional es independiente”.

Con esta acción, Conde Pumpido se estaba armando de valor para dar luz verde por la puerta de atrás a una hipotética ley de amnistía, que se presentaría camuflada bajo algún confuso eufemismo. Alguien ha dicho esta semana que se llamará, si finalmente se presenta, Ley de Alivio Penal. Varios juristas han estado trabajando en el maquillaje del texto para convertir el despropósito que exige Puigdemont en una vianda digerible para buena parte de los ciudadanos, empezando por los propios votantes socialistas.

La maniobra está resultando demasiado burda, sobre todo porque, por mucho eufemismo que utilicen, Puigdemont y todo el nacionalismo la seguirán denominando ley de amnistía.

Sea como fuere, si finalmente se presenta la ley, algunos de los magistrados denominados progresistas del Constitucional se verán obligados a realizar un triple salto mortal para no acabar abrasados. El primero el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo, ahora miembro del TC, que hace no muchos meses, cuando aún formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez, aseguraba que "la amnistía no cabe" y el referéndum de autodeterminación tampoco. Lo dijo con tanta seguridad y convencimiento que será difícil mantener una posición contraria sin caer él y la institución de la que forma parte en el más absoluto desprestigio.

Ahora mismo, hasta tres de los siete miembros, con Cándido Conde Pumpido a la cabeza, que conforman la amplia mayoría progresista del TC, sobre un total de once magistrados, podrían mantener la mascarada y abstenerse, para fingir un debate profundo dentro del órgano, que diera una pátina de seriedad a la decisión sin contravenir los deseos de Moncloa.

No sirve. Todo lo que no sea votar en contra es complicado. La amnistía supone negar la existencia del delito, y eso, como dice la magistrada María José del Barco, solo tiene cabida cuando se pasa de una dictadura a un régimen democrático. "Nuestro ordenamiento jurídico parte de que España es un Estado social y democrático de derecho y eso supone el respeto al imperio de la ley y a la separación de poderes. La amnistía supone negar la existencia del delito. Supone decir que la labor de los Tribunales hasta ahora se ha hecho de forma arbitraria. Eso es negar las funciones del Poder Judicial y aniquilar la separación de poderes. "La democracia no puede permitirse estos juegos", dice Del Barco.

La idea de que la amnistía no cabe en la Constitución no la ha sugerido solo el exministro Campo en el entorno del Gobierno y del PSOE. Lo han defendido otros juristas que forman o han formado parte del Ejecutivo como Grande Marlaska o Carmen Calvo. E incluso otros ministros de Sánchez que hablaban simplemente de oídas, dados sus escasos conocimientos jurídicos, como Miquel Iceta o Salvador Illa.

Y lo han defendido pesos pesados que construyeron la columna vertebral del PSOE en este país como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia o Juan Alberto Belloch. Y barones territoriales del socialismo, algunos en activo como Emiliano García-Page o Javier Lambán, y otros en pasivo, porque fueron defenestrados por el sanchismo, como Tomás Gómez. Demasiadas opiniones no precisamente sospechosas (prácticamente todos admiten haber votado a Sánchez), que además comparten criterio con la inmensa mayoría de juristas competentes de este país. Demasiada coincidencia como para no ser cierto.

A pesar de todas estas contradicciones, Sánchez estaba dispuesto a seguir adelante apoyándose en su control del Constitucional. Sin embargo, la presión social en sus propias filas ante la magnitud del chantaje empieza a ser insoportable. Ayer mismo, el escritor Javier Cercas, hermano de la diputada del PSC, Blanca Cercas —que el PSOE ha cedido a Junts para que pueda hacer grupo parlamentario—, decía en un artículo en El País, titulado "No habrá amnistía", que "una medida de gracia como la de 1977, que borra los delitos del procés, deslegitimaría la democracia entera.... Me niego a creer que el presidente Sánchez cometerá semejante desatino". Ya no son las "momias" de Felipe o Guerra quienes le piden que no se rinda ante Puigdemont.

Ahora, si cede, desencantará a muchos más. Las elecciones que hasta hace diez minutos quería evitar están ahora más cerca.