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En un caso que explora los límites del poder del Gobierno para responder a grandes crisis financieras, el juicio probablemente revisitará en detalle la decisión de la Reserva Federal de Nueva York de septiembre de 2008 de extender un paquete de rescate a AIG, cuando el gigante asegurador estaba a minutos de quebrar.
El rescate de AIG, muy cercano al colapso de Lehman Brothers en 2008, precedió a otros suministrados a empresas automotrices y financieras de las denominadas "too big to fail" (demasiado relevantes para quebrar), por parte del gobierno federal en lo más álgido de la crisis originada en el mercado hipotecario.
Los personajes principales de ese drama volverán a escena durante un juicio de seis semanas: el expresidente de la Fed Ben Bernanke y los ex secretarios del Tesoro Timothy Geithner y Henry "Hank" Paulson.
Se espera que un abogado del expresidente ejecutivo de la aseguradora Maurice Greenberg argumente durante el juicio que el Gobierno buscó castigar ilegalmente a los accionistas de AIG estableciendo términos excesivamente duros para el rescate.
Los abogados de Greenberg han dicho en documentos judiciales que la "oferta" de rescate de la Fed de Nueva York dio a AIG un préstamo de US$85.000 millones a cambio de altas tasas de interés y de una participación de un 80% representó un perjuicio para los accionistas.
Greenberg, a través de Starr International Co, era el principal accionista de AIG en ese momento. Starr presentó la demanda en noviembre de 2011.
Los abogados del Gobierno han defendido las acciones como apropiadas y han destacado que el acuerdo fue aprobado por el directorio de AIG, en momentos en que la compañía no tenía más alternativa que declararse en quiebra.
Los abogados del Departamento de Justicia han descrito el caso como una "teoría conspirativa" y "construido sobre una premisa equivocada".
Sin embargo, el juez Thomas Wheeler rechazó el mes pasado la propuesta de Estados Unidos de descartar la demanda, que busca una compensación de hasta US$50.000 millones en daños, bajo el argumento de que el caso involucra "asuntos financieros y económicos complejos" que merecen ser analizados.
El caso plantea dos cuestiones centrales. Una es si fue legal que el Gobierno tomara acciones de AIG valoradas en US$35.000 millones y sólo pagara efectivamente US$500.000.
La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos evita que la propiedad privada sea adquirida para uso público sin una compensación justa.
El segundo asunto es si el Gobierno tenía permitido condicionar su primer préstamo de US$85.000 millones a una participación accionaria en la compañía. Los abogados de Starr dicen que la constitución de la Reserva Federal no permite al Gobierno demandar una participación en la compañía a cambio del préstamo.
AIG terminó de devolver el rescate completo de US$182.300 millones en diciembre del 2012, lo que le dio a los contribuyentes una ganancia de casi US$23.000 millones.
"Ciertamente lo que el Gobierno hizo fue inusual (...) mi intuición es que el Gobierno ganará", dijo Hester Peirce, un investigador senior de la George Mason University, experto en regulación financiera.
"La idea estándar es que durante una crisis, lo que el Gobierno debería hacer es prestar de manera amistosa, pero ellos lo hicieron a tasas castigadoras", dijo Peirce.
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