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Este nuevo choque se da después de que Asofondos pidiera al Consejo de Estado suspender la totalidad del decreto
El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente el decreto que obligaba a las AFP a trasladar $25 billones a Colpensiones, lo que ahora reduciría ese monto a cerca de $5 billones para el régimen público.
"¿Oiga cómo que tendrán que girar $5 billones? Si no devuelven el dinero, son ladrones. Están esperando que el pueblo colombiano pague los $5 billones de las personas que se pensionaron en Colpensiones y que habían ahorrado esos dineros en los fondos de los banqueros", dijo el primer mandatario a través de su cuenta de x.
"Es un verdadero acto de latrocinio contra la Nación y el pueblo de Colombia y tiene dos responsables el grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento y el grupo Bancolombia de propiedad del grupo empresarial antioqueño quien recientemente se lanzó sobre ISA", agregó.
Este nuevo choque se da después de que Asofondos pidiera al Consejo suspender la totalidad del decreto.
La justicia administrativa puso bajo la lupa el Capítulo 5 del polémico Decreto 415 de 2026. Esta sección ordena a los fondos privados trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de miles de ciudadanos que, aunque ya cambiaron de régimen, aún no han cumplido los requisitos de edad y semanas para jubilarse.
El conflicto radica en que, según los demandantes, estos recursos deberían permanecer en las AFP generando rendimientos hasta que se consolide el derecho pensional, por lo que el magistrado ponente analiza frenar esta medida para evitar un traslado patrimonial que podría ser masivo e irreversible bajo reglas jurídicas cuestionadas.
Con esto, el Régimen Público de pensiones solo recibiría $5 billones de esos $25 billones que exigía el decreto. ”Hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden a $20 billones. Y hay otra población, que es la población que ya se trasladó, que son 20.000 personas y que están recibiendo pensiones, que los recursos de ellos corresponden a $5 billones”, dijo el presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Sin embargo, Asofondos buscará que se tumbe todo el decreto.
Por el contrario, el Capítulo 6 del decreto tiene mayores probabilidades de sobrevivir al examen judicial, ya que regula el traspaso de capital de quienes ya consolidaron su derecho a la jubilación. En estos casos, la lógica jurídica sugiere que, dado que Colpensiones debe comenzar a pagar las mesadas de inmediato, el traslado de los fondos es una necesidad administrativa y financiera lógica para garantizar el flujo de los pagos.
Según el decreto, 50% del capital debía entregarse en 20 días y el resto en los 10 días siguientes.
Además, las demandas sostienen que esta medida es un “salto al vacío” normativo. Argumentan que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, y no ser captado de forma anticipada por el Estado.
Las demandas presentan una batería de argumentos legales, entre los que destacan: exceso de potestad reglamentariam, el Ejecutivo habría intentado “reescribir” la ley en lugar de solo reglamentarla; riesgo financiero, se cuestiona la urgencia del Gobierno por obtener liquidez inmediata a costa de cambiar las reglas de administración de los ahorros.
Además, asegura que hay desviación de poder, se sugiere que el decreto busca asegurar flujos financieros antes de que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la Ley 2381 de 2024.
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El año pasado Mibanco reportó tener un saldo aproximado de $2,5 billones en cartera de créditos, mientras que su nivel de solvencia se mantuvo en 22%