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Ana María Vesga, ministra designada de Salud
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La administración entrante prevé destinar cerca de $4 billones solo para el pago de nóminas vencidas y deudas de los hospitales públicos y privados
Junto con el nombramiento de la presidente ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, como ministra de Salud, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella también anunció las claves de un plan de rescate que emprenderá para resolver la crisis de atención y financiamiento del sistema de salud, para el cual podría contar con $10 billones.
Así lo dio a conocer el vocero del equipo de salud de De la Espriella, Iván Sánchez, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, quien informó que el gobierno entrante movilizará hasta $10 billones desde el 7 de agosto y hasta por otros 90 días para atender la emergencia humanitaria y los problemas financieros que atraviesan las EPS y demás entidades del sistema.
Sánchez enfatizó en que esto va en línea con lo anunciado por el presidente electo durante su campaña y que los recursos están contemplados dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Presupuesto correspondiente a salud. "No será un cheque en blanco, será una inyección condicionada, priorizada, auditada y trazable", dijo.
Para ello, la administración entrante prevé destinar cerca de $4 billones solo para el pago de nóminas vencidas y deudas de los hospitales públicos y privados. Por otra parte, $3 billones irán para la reactivación de los proceso de entrega de medicamentos y autorización de tratamientos; $2 billones para resolver los problemas en los procesos con pacientes que tienen enfermedad crónicas; y $1 billón para fortalecer otras entidades, incluyendo el Invima.
El vocero detalló que el desembolso se efectuará luego de cumplir con ciertos requisitos, pero enfatizó en que los pagos no se harán por presión ni cercanía política. Por el contrario, ratificó que los recursos se entregarán partiendo de las necesidades de los pacientes, de tal modo que "habrá giro directo, cronograma público de desembolsos, tablero de seguimiento y auditoría concurrente. Cada peso tendrá destino, responsable, fecha y resultado esperado".
Dentro del plan rescate, el gobierno de De la Espriella también contempla la instalación de una mesa nacional de concertación entre el Ministerio de Salud, la Adres, la Supersalud, el Departamento Nacional de Planeación y demás entidades, EPS, IPS, proveedores, empleados y sociedades científicas.
Estos encuentros tendrán el objetivo de crear un procedimiento de identificación y clasificación de obligaciones acumuladas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el fin de establecer cuáles son las deudas, en qué estado están las cuentas, en qué punto van los procesos judiciales y cuáles son las obligaciones del Estado.
"La concertación no significa impunidad. Quien haya defraudado los recursos va a responder. Quien haya prestado un servicio deberá recibir pago. Quien tenga una controversia legítima contará con un procedimiento rápido para solucionarlo", señaló Sánchez.
A su vez, el gobierno electo buscará instalar otra mesa técnica para definir en cuánto dejará la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para el otro año, a través de una metodología que incluirá diferentes variables: carga de la enfermedad, multimorbilidad, envejecimiento de la población, dispersión geográfica y costos de la prestación del servicio.
Al respecto, Sánchez apuntó que "la mesa tendrá también un llamado de urgencia para determinar si existe soporte técnico y fiscal para un ajuste transitorio de la UPC de 2026. Si los datos lo recomiendan y el Ministerio de Hacienda encuentra la disponibilidad presupuestal, el Gobierno realizará ese ajuste antes de finalizar el presente año".
El voceo enfatizó que, según cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la cartera alcanza $25,7 billones en 232 instituciones, la cual suma una mora de hasta 58%; además de que las EPS intervenidas concentran $12,6 billones de esos pasivos.
En otro frente, el gobierno electo detalló que, como resultado de las revisiones en el marco del empalme, se encontraron reportes según los cuales existirían 900.000 registros y alertas de pacientes con cáncer que atraviesan situaciones de atención pendiente o interrumpida. A esto se suma un retraso en los tratamientos.
Los contratos tendrán que cumplir criterios de efectividad, transparencia y objetividad, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno nacional
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