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Financiadores podrían tomar control de las obras de cuarta generación.
La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó en su cuarto debate el proyecto de ley de infraestructura. La iniciativa, que fue impulsada por el Ministerio de Transporte, “es una herramienta con la que se mitigarán los riesgos de corrupción y podrá fortalecer los procesos de contratación pública en las regiones”, explicó el jefe de esa cartera Germán Cardona.
Pero uno de los artículos que se ubica en la norma contempla que en caso de que haya un proceso de nulidad sobre proyectos de cuarta generación, los acreedores que de buena fe financiaron la obra podrían ser respaldados por el Estado tras el proceso de liquidación.
Hoy en día, la finalización estaría sujeta a la interpretación de un juez o un tribunal de arbitramento, por lo cual, para Asobancaria, la ley genera seguridad jurídica necesaria para que estos proyectos se viabilicen. “La pretensión del legislador es que se asegure a través de este proyecto de ley, la definición de unas reglas claras que permita, no solo a los financiadores, evaluar los riesgos de participar en proyectos de APP. No busca que se garantice el pago de las acreencias en casos de nulidad, puesto que no lo puede hacer, sino que defina una metodología precisa para el cálculo del valor de liquidación de una obra ante un evento de estos”, explicó el gremio.
Por otro lado, el Dane presenta los reportes de obras civiles, estos no son con base en el aumento o disminución de ladrillos colocados o vías construidas, sino teniendo en cuenta los montos desembolsados. Actualmente, en el último informe en el trimestre julio y septiembre los pagos de obras civiles presentaron una variación anual de 8,6%. Así las cosas, luego de que la ley entre en vigencia, el comportamiento se notaría en este indicador hasta el próximo año.
“Hay que darle confianza a la banca local e internacional de que son sostenibles las obras de infraestructura y que hay seguridad jurídica para ellos”.
A la espera de la firma de Santos
Aunque el proyecto ya pasó la prueba final en el Congreso de la República, aún queda pendiente que el presidente Juan Manuel Santos firme y sancione la iniciativa para que esta empiece a ejecutarse. Por el momento, el sector constructor y bancario esperan que esto sea antes de finalizar el año o por lo menos en los primeros dos meses de 2018. Por el momento, el contralor Edgardo Maya dijo que encontró fallas en la ley y estudiará la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad.
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