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Para el Minhacienda la iniciativa abriría un hueco fiscal superior a $5 billones, razón por la cual se pidió al Congreso que la archive
Como muchos expertos señalaban, el proyecto de ley que buscaba tumbar la medida de 4x1.000 no logró avanzar porque no obtuvo el aval del Gobierno Nacional.
Así lo reveló el medio de comunicación Blu Radio que explicó también que la razón por la cual el Gobierno Duque le dio el espaldarazo a la medida sería porque la iniciativa abriría un hueco fiscal superior a $5 billones, razón por la cual pidió al Congreso que lo archive.
Y es que para expertos en el tema como el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Hernando José Gómez, la eliminación del 4x1.000 tendría que darse con un sustituto que alivie el hueco financiero que dejaría el no recaudo de este impuesto.
"El 4x1.000 es un impuesto que afecta la bancarización y promueve el sobre uso del efectivo, pero eliminarlo, en este momento, sin que haya un ingreso tributario sustituto, le haría mucho daño a la macroeconomía", explicó Gómez.
El proyecto que fue propuesto por las congresista Katherine Miranda junto a otros de sus homólogos, pretendía enterrar esta medida financiera que nació como un impuesto temporal pero que ya lleva más de 20 años operando. La iniciativa que había sido aprobada por unanimidad en su primer debate y cuenta con el apoyo de varios partidos, pretendía que este fuera gradual; es decir, que solo para 2026 este pudiera ser totalmente eliminado.
Ante los ingresos que dejaría de percibir la economía colombiana si se eliminará el 4x1.000 en las transacciones bancarias, Miranda había propuesto sopesar ese hueco con impuestos a los salarios más altos (a partir de $25 millones) y quitando los beneficios tributarios a las mega inversiones.
Sin embargo, con el rechazo del Ministerio de Hacienda liderado por José Manuel Restrepo, el proyecto estaría ad portas de quedar hundida, incluso si pasará a debate en la cortes, debido a que las iniciativas que modifican los ingresos del gobierno necesitan, por ley, de un aval fiscal.
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