Cómo sacar provecho y acceder al mercado de remates en Colombia

Si está pensando en comprar vivienda nueva o usada, es momento de contemplar la opción del remate. Es una alternativa novedosa para adquirir un inmueble, lote o bodega por un precio cercano a 70% de su avalúo comparado con el precio comercial, o incluso pueden estar por debajo de ese 70%.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el segundo semestre del 2017, se remataron 2.024 inmuebles, donde se destacaron cinco departamentos: Cundinamarca con 467, Antioquia con 282, Valle del Cauca con 266, Atlántico con 154 y Risaralda con 108.

Entre tanto, los departamentos con menos remates en el segundo semestre fueron Amazonas (1) y Guaviare (1), mientras que en Guinía, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada no hubo ningún remate.

Muchos se preguntarán si realmente ¿es rentable comprar en remate? y ¿cómo hacerlo? De acuerdo con el director general de Rematando.com, Camilo Úsuga, “la primera recomendación es que la persona se dirija al juzgado, pida el expediente con el número de radicado con el que fue publicado el remate, verifique la información y pida el número de cuenta que tiene ese juzgado para hacer el depósito que por lo general es 40% del avalúo y con ese depósito ya puede participar del remate. Ese depósito es reembolsable en su totalidad en caso de no ser favorecido”.

Es importante que quien quiera acceder a este mercado tenga en cuenta que el depósito de 40% se toma como parte del pago y el juez da entre tres y cinco días hábiles para pagar el excedente del precio del inmueble.

En Colombia son frecuentes dos tipos de remates, los remates judiciales y los remates comerciales. Los remates judiciales, son aquellos bienes (casas, apartamentos, locales) que son objeto de embargo y se les retiran a las personas que acceden a beneficios o procesos crediticios en donde un juez, el cual es la única figura para hacer el remate, se encarga de ejecutar un avalúo especial para sacarlo ya sea en una subasta pública o en una publicación en un diario nacional a través de un edicto. Esos remates son la opción más usada por cierto tipo de inversionistas.

“La gran ventaja es que en los remates judiciales no se hacen los mismos avalúos técnicos que hacen los expertos en un avalúo comercial. Eso quiere decir, que en promedio y según las tendencias de los remates usted podría acceder a un producto por 70% u 80% del valor establecido por un experto técnico en un avalúo comercial”, resaltó Joan Salcedo, profesor de administración del Politécnico Grancolombiano.

Una segunda ventaja es que el remate se constituyen en una opción de compra con una tendencia de valorización inmediata.

Augusto Arciniegas, notario noveno de Bogotá, recomendó, revisar el proceso judicial y que en lo posible se haga una visita. “Cuando el inmueble está en manos de un secuestre es factible que puedan conocerlo en detalle, pero en caso de que esté a cargo del deudor, difícilmente van a permitir la inspección, en ese caso, se deberían constatar externamente las características y un análisis de precios”.

Por su parte, la presidenta de Fedelonjas, María Clara Luque, manifestó que, “esta opción es viable si se trabaja de la mano con un asesor inmobiliario de trayectoria que ayude a analizar la documentación y la real viabilidad”.

Además, Luque indicó que comprar en remate es rentable siempre que se estudie qué deudas tiene y el precio base sea suficientemente bajo para que la suma de deudas más inversión compense el esfuerzo.

Hay varias empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles, entre ellas; Rematando.com y Mi Remate Seinco.

Verifique qué deudas tiene el inmueble
De acuerdo con María Clara Luque, “hay que analizar si el inmueble está desocupado o hay algún ocupante para no tener que iniciar otro proceso judicial para expulsar a las personas. Pues otro proceso implica mayores costos y mucho más tiempo para recibir el bien”. Así mismo, señaló que también hay que hacer el estudio profundo de qué deudas pesan sobre la vivienda: impuestos, valorizaciones, servicios públicos, multas, cuotas de administración y demás pendientes que deja el antiguo propietario al dar por perdido el bien.