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Pese a decisión del Invima, aún no se puede comercializar esta bebida
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Esto debido a que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria decidió no actualizar la modificación autorizada por la organización
Luego de que la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca expidiera una resolución, con la cual se revocó la autorización que había para vender el Aguardiente Amarillo de Manzanares de 32 grados de alcohol en esta región, la Industria Licorera de Caldas, ILC, decidió presentar una modificación para que esta bebida alcohólica volviera a circular.
La Industria Licorera de Caldas solicitó ante el Invima la modificación del Registro Sanitario L-0005 de la presentación de 32° de Aguardiente Amarillo, para que se realizara el respectivo cambio de graduación alcoholimétrica a 24°.
El Invima, el 31 de julio, autorizó la modificación de los grados de alcohol del Aguardiente Amarillo de Manzanares, bajo el registro Sanitario L-0005. Sin embargo, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria decidió no actualizar la modificación autorizada por el Invima, lo que contradice lo que esta organización ya había permitido.
Cabe resaltar que, el Estatuto de Rentas del departamento de Cundinamarca, estipula que este tipo de cambios solamente deben ser informados a la Administración Tributaria Departamental de Cundinamarca con el fin de actualizar los permisos de introducción.
En su momento Andrés Borrero, gerente general de la ILC, rechazó la decisión de la Gobernación de Cundinamarca y habló sobre el impacto que tendrá la medida, no solo para la compañía sino también para el departamento. Según dijo, desde 2020 realizaron modernizaciones en su planta para que estuviera en la capacidad de producir y vender el producto en el centro del país, acompañada de campañas publicitarias para su venta, avaluadas aproximadamente en $8.000 millones.
Según las cuentas de Borrero, esperaban comercializar este año ocho millones de las botellas de este licor, de las cuales cinco millones eran en Bogotá y Cundinamarca. Además, el gerente general de ILC resaltó que el departamento dejaría de recibir $72.985 millones vía impuestos que serían destinados en inversiones de salud y educación.
En 2020, durante la administración de Daniel Quintero, se interpuso una demanda en contra del consorcio con una pretensión de $9,9 billones
Una de estas es por el traslado de los afiliados a otras entidades prestadoras de salud, por lo que sobrecargaría el sistema y provocaría ajustes
Coosalud es la quinta EPS más grande en número de afiliados, según las cifras más recientes de MinSalud tiene 3,28 millones de personas
