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Resolución 797, emitida por la secretaría de hacienda de Cundinamarca, revocó el permiso para que el producto pueda ser vendido
La comercialización del Aguardiente Amarillo de Manzanares de 24°, fabricado y distribuido por la Industria Licorera de Caldas (ILC), podría generar una disputa legal entre esta organización y la Gobernación de Cundinamarca, luego de que la Secretaría de Hacienda del departamento expidiera una resolución con la cual se revocó la autorización que había para vender la bebida en esta región.
La pelea nace después de la resolución 797, que se expidió el pasado 6 de junio por las autoridades de Cundinamarca, y con la que se le quitó el permiso para el ingreso y venta de este producto dentro del departamento. Eduber Gutiérrez, director de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca, explicó que la decisión se debió a unos incumplimientos en los requisitos formales que hay para la comercialización del producto en el departamento.
“Estamos en pleno siglo XXI, en el que las barreras comerciales son cada vez menores, porque tenemos en claridad que cuando hay competencia, hay desarrollo”.
“Se detectó que el producto que se había pretendido amparar bajo el permiso inicial era distinto al que estaba en dicha licencia que era el Aguardiente Amarillo de 30°”.
El funcionario aclaró que la autorización se revocó específicamente para el Aguardiente Amarillo de Manzanares de 24°. “Lo que el departamento detectó es que el producto que se había pretendido amparar bajo el permiso inicial era distinto al que precisamente estaba, que era el Aguardiente Amarillo de Manzanares de 30°”, explicó Gutiérrez.
Sin embargo, la Licorera de Caldas argumenta que contaba con un permiso por 10 años, emitido en 2017 y adicionado en diciembre de 2019, para vender el producto en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, contando con la protección legal.
Cabe resaltar que los departamentos, en cabeza de sus gobernadores, cuentan con la facultad legal de adoptar una protección especial al aguardiente local y suspender la expedición de los permisos para el ingreso de otras bebidas que sean de otras regiones y no permitir su comercialización.
No obstante, la postura de la Licorera es que esta medida no podrá tener como finalidad restringir el comercio y no podrá ser discriminatoria, es decir, debe aplicarse de manera general para todos los licores de la categoría.
Andrés Borrero, gerente general de la ILC, rechazó la decisión de la Gobernación y habló sobre el impacto que tendrá la medida, no solo para la compañía sino también para el departamento. Según dijo, desde 2020 realizaron modernizaciones en su planta para que estuviera en la capacidad de producir y vender el producto en el centro del país, acompañada de campañas publicitarias para su venta, avaluadas aproximadamente en $8.000 millones.
Según las cuentas de Borrero, esperaban comercializar este año ocho millones de las botellas de este licor, de las cuales cinco millones eran en Bogotá y Cundinamarca. Además, el gerente general de ILC resaltó que el departamento dejaría de recibir $72.985 millones vía impuestos que serían destinados en inversiones de salud y educación.
El gerente general aseguró que están evaluando la posibilidad de presentar acciones legales de continuar vigente la revocación del permiso.
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