Claro aseguró que hubo irregularidades en el proceso de licitación con el Banco Agrario que favorecieron al operador español

Laura Neira Marciales - lneira@larepublica.com.co

Un nuevo choque se dio entre los dos operadores de telefonía más grandes del país por un contrato que supera los $120.000 millones por la prestación de servicios TIC de conectividad y seguridad informática requeridos para el funcionamiento y operación del Banco Agrario que, a pesar de las acusaciones, asegura que el proceso fue transparente.

Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, afirmó que recibieron un anónimo en el que los alertaban sobre irregularidades en la evaluación realizada por la Universidad de Los Andes, en la que se habrían cambiado los puntajes para favorecer a Movistar. Según esta información, en el informe de la universidad se habrían otorgado 917,96 puntos a Movistar, mientras que Claro habría alcanzado 970 puntos.

Ante esta acusación, el Banco Agrario aseguró que "es falso que haya divulgado información confidencial de la propuesta de Comcel S.A. al otro proponente", y se defendió aclarando que, bajo el principio de publicidad e igualdad entre los oferentes, el Banco está obligado a compartir la información contenida en las propuestas entre los oferentes.

Además, el Banco Agrario aseguró que requirió al operador para que sustentara legal y técnicamente que dicha información podía clasificarse como confidencial, pero según la entidad bancaria solo "soportó parcialmente la naturaleza confidencial y reservada de la información que hacía parte de su oferta", y en cumplimiento con esto, el Banco Agrario no la divulgó. Además, aclaró que la empresa también tuvo acceso total a la propuesta de otros oferentes.

En el documento publicado por el banco, se muestra como ganador a Telefónica con un total de 937,96 puntos y a Comcel con 876 puntos, de los 1.000 posibles. La principal diferencia entre los dos operadores estuvo en que la oferta de Telefónica obtuvo un puntaje de 600 (sobre 600 posibles), mientras que la de América Móvil llegó apenas a 556 unidades.

En esa misma línea, por medio de un comunicado, Movistar afirmó que su oferta era simplemente mucho mejor que la de América Móvil, pues “particularmente en la propuesta económica, presentada bajo el sistema de subasta, Claro ofertó un precio casi $6.000 millones más costoso que el de Telefónica Movistar, que ofertó $99.841 millones, obteniendo una diferencia significativa en el puntaje económico”.

En su defensa, el Banco Agrario argumentó que "es falso que Colombia Telecomunicaciones S.A no cumpliera con varios de los requisitos mínimos que otorgan el puntaje". Uno de los puntos de la disputa tuvo que ver con 1G de capacidad de aceleración u optimización, que según el Banco no era un requisito solicitado en el proceso de contratación.

LOS CONTRASTES

  • José Alfredo JaramilloSocio Fundador de Jaramillo Abogados

    “Las licitaciones son escenarios en donde en todo momento se deben honrar las normas de libre competencia y los agentes que participan no pueden cometer fallas”.

  • Juan Carlos ArchilaPresidente de América Móvil

    “Si lo que estamos alertando es real, esto afecta la competencia, y mucho más cuando un licitante recibe información privilegiada de las ofertas”.

Así mismo, la entidad sostuvo que no se hizo ninguna mejoría o complementación de la propuesta de Telefónica referente a la cantidad mínima de puertos, y que la aclaración presentada por la empresa fue una redistribución de los equipos pero que mantenía la oferta inicial en cantidad, marcas, precios y referencias.

Archila dijo también que “el Banco Agrario publicó la evaluación técnica después de la subasta”, lo que los pondría en desventaja porque “esto sirve para que las empresas tengan claridad sobre su nivel de evaluación técnica y sepan en qué posición están”.

Ante el argumento, expertos del sector afirmaron que esta es una estrategia válida usada por el banco para que los dos operadores llegaran al proceso en las mismas condiciones y hubiera una oferta que beneficiara a la entidad.

Al Banco Agrario también se defendió indicando que no es cierto que haya “manejado” los puntajes de los calificables de acuerdo con el resultado de la subasta, ni que Telefónica hubiera hecho lances “exactos y quirúrgicos” en respuesta a los realizados por Comcel S.A. bajo un escenario en el que presuntamente la empresa hubiese podido conocer previamente el puntaje de los calificables, como acusó el operador.

"La transparencia en la contratación pública requiere de funcionarios públicos íntegros pero también empresas oferentes que acepten gallardamente sus derrotas en procesos transparentes y no que pretendan intimidar a los funcionarios públicos con acusaciones infundadas y temerarias con el fin de anular procesos idóneos donde sus intereses no han salido favorecidos", enfatizó el Banco por medio de una respuesta a las acusaciones.

A pesar de ello, Hilda María Pardo Hasche, representante legal de Claro, afirmó que hubo diversas irregularidades en el proceso, pues Movistar solicitó levantar la reserva a ciertos documentos de la propuesta de Claro, pero por un error del Banco Agrario el operador español recibió un formulario que no estaba dentro de la lista.

Ante esto, personas cercanas al proceso aseguraron a este medio que el documento no tuvo incidencia en el puntaje, ni en el resultado, pues no fue utilizado o discutido en la licitación para beneficiar al operador.

Una disputa recurrente

En el pronunciamiento de Movistar también afirmaron que las declaraciones de Claro “vuelven a dejar en evidencia su reprochable comportamiento empresarial que, cuando en franca lid no resulta beneficiado en un proceso licitatorio por la baja calificación de su propuesta, intenta socavarlo ante la opinión pública”.

Esta disputa lleva a los dos operadores a un escenario no muy diferente al que se vivió en octubre del año pasado con la licitación del Sena, pues después de perder el proceso, Claro le pidió a Movistar un pago mensual por $1.590 millones, el doble del valor de la licitación, por el tiempo que durara la transición, sumado a un plazo de 72 horas para que asumiera plenamente las funciones en la institución.

Además de las dos más recientes enfrentamientos por contratos públicos, las dos empresas tienen otras disputas pendientes, entre las cuales, la más destacada es la decisión sobre la denuncia de Movistar y Tigo de que Claro es un operador dominante en el mercado.