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La baja en los precios de los commodities, que parece mantenerse como tendencia, y en general las dificultades de las llamadas ‘firmas junior’ para conseguir recursos y financiar la exploración, son dos de los argumentos que señalan las empresas del sector minero energético para solicitar que no se suban los porcentajes de regalías ni se aumenten los impuestos que ya las rigen. Varias iniciativas en este sentido caminan en el Congreso de la República.
La presidente del IX Congreso Internacional de Minería y Petróleo, Adriana Martínez, advirtió que de aprobarse esos proyectos “el país se verá abocado a perder la competitividad internacional que hoy le ha permitido contar con el importante aporte a la economía que esta locomotora le ofrece a Colombia”.
El director de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz, enfatizó que no es el momento para modificar los tributos, si se tiene en cuenta que en el mercado no hay indicios de que los precios externos de los commodities marquen una tendencia al alza.
“Uno de los retos del sector es conseguir capital aunque no es fácil. Algunas demoras en el licenciamiento complican la confianza en el país y hay proyectos que han empezado a tener freno, lo que se traduce en tener que disminuir mano de obra, inversiones y en alargamiento de entrada en producción”, agregó. Algunos expertos coinciden en que no es conveniente subir los impuestos al sector minero energético, sin embargo el ex ministro de Hacienda, Guillermo Perry, reitera que el país debe migrar a establecer un sistema más eficiente en regalías. “Se debe avanzar en un esquema, no fijo como opera hoy, sino que dependa de los precios externos y de la rentabilidad de los yacimientos”, indicó.
Quedan unos 2.000 títulos mineros por revisar
De las 19.629 solicitudes de títulos mineros pendientes desde 2011, el Gobierno ha resuelto 17.224 solicitudes en primera instancia, de las cuales un 90% ha sido rechazado por problemas de incumplimientos o falta de documentación. La cifra la dio a conocer el Ministerio de Minas y Energía, al indicar que de esa cantidad sólo 1.200 se han convertido en títulos.
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Pese al decreto emitido por el Ministerio de Salud, que dicta los lineamientos para la entrega de estos recursos, hay acreencias que quedan en un limbo