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Las sociedades investigadas habrían actuado de manera coordinada en al menos 13 procesos de contratación estatal
La Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, encontró material probatorio que demostraría que Mamut Acero y Concreto SAS y Uniobras del Oriente, así como personas naturales vinculadas a estas compañías, habrían trasgredido el régimen de libre competencia económica en materia de contratación estatal.
Después de haber adelantado la etapa de averiguación preliminar, la Delegatura recaudó material probatorio suficiente para determinar que las sociedades mencionadas habrían aparentado ser agentes del mercado independientes, en los procesos de contratación de obras de infraestructura en los que participaban, cuando en realidad podrían estar actuando de manera coordinada.
"La conducta investigada habría llevado a que las empresas aumentaran de manera injustificada su probabilidad de resultar adjudicatarios, en detrimento de sus reales competidores, y la consecuente disminución de manera ilegítima de las probabilidades de los demás participantes de ser adjudicatarios en los procesos", comunicó la SIC.
Con base en estos hallazgos, la Delegatura determinó que en este caso se habría materializado un posible control competitivo oculto (artículo 1 de la Ley 155 de 1959) o una eventual colusión de estos agentes (numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992).
Adicionalmente, la Delegatura estableció de manera preliminar que estas sociedades coincidieron en por lo menos 151 procesos de selección adelantados por diferentes entidades del Estado, en el periodo comprendido entre 2021 y 2024, de los cuales, en al menos 13 procesos, los agentes de mercado investigados se habrían comportado de manera coordinada y colaborativa, simulando ser independientes ante las entidades contratantes. Esta estrategia estuvo dirigida a intentar obtener el mayor puntaje posible dentro de tres de los cuatro posibles métodos de calificación (media geométrica, media aritmética baja y menor valor).
De otra parte, en la fase preliminar la Delegatura determinó la posible presencia de ocultamiento de información por las empresas, lo que habría afectado la confianza en los sistemas de información pública esenciales para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en los procesos de contratación estatal. Así, en esta fase preliminar se identificó que las sociedades registraban direcciones inexistentes o incluían domicilios de personas ajenas a ellas.
Esta información, según la Delegatura, terminaba siendo reportada de manera errónea en las Cámaras de Comercio, en sus páginas web y en los procesos de selección en los que se presentaban como proponentes, afectando la fiabilidad de estos datos.
"Con el inicio de esta investigación la Superintendencia, por medio de la Delegatura para la Protección de la Competencia, mantiene su compromiso en la identificación de conductas que puedan afectar la sana y transparente rivalidad comercial, para lograr la eliminación de comportamientos que puedan restringir de manera injustificada la libre competencia económica, particularmente en el mercado de compras públicas", puntualizó la entidad..
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