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La compañía portuguesa tiene cuatro canteras y está culminando una planta que se finalizará en septiembre.
Farpedra, una de las principales empresas portuguesas en el sector de la piedra natural, dedicada a la exploración de piedra caliza ornamental en
Extremadura y piedra caliza macizo en el condado de Alcobaça, explora en Colombia este mercado pues el país no es productor.
Su misión consiste en la extracción y transformación de calcáreos ornamentales, anclada en un estándar de calidad de excelencia, satisfaciendo integralmente los compromisos acordados con sus clientes. Farpedra trabaja permanentemente con respeto absoluto por el medio ambiente y las personas, buscando siempre agregar más valor en su actividad, contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad local.
En la actualidad, Farpedra tiene cuatro canteras y está culminando una planta que se había finalizado en septiembre. En términos de facturación, los números son de tres millones de euros por año y disponen de 50 empleados.
Rute Henriques y Hélder Henriques, propietarios de la empresa, señalaron que "Colombia es un país emergente, con una economía en crecimiento y la lengua facilita la comunicación. Es importante decir que tenemos piedras que se adecúan al clima del país. Por ejemplo, Medellín tiene un clima idéntico a Portugal, por lo tanto, nuestros productos podrán ser utilizados en todas las construcciones".
Farpedra ofrece productos competitivos respecto a otros fabricantes de piedras similares de países como Turquía, Alemania, España y Francia que se utilizan en fachadas, pavimentos, revestimientos de interior y exterior y piscinas, entre otras opciones.
De acuerdo con el balance de los recursos, las donaciones internacionales ascienden a US$27,7 millones, mientras que las líneas de financiamiento suman US$750 millones
Como parte de la iniciativa, la compañía entregó tags Flypass y recargó las cuentas de los Bancos de Alimentos para facilitar el transporte de donaciones
La sumatoria de los fallos emitidos por la Contraloría en este expediente ya estaría por encima de $316.000 millones en detrimento patrimonial comprobado por parte de estas entidades y sus miembros directivos