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Coosalud
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Tras esta decisión, Supersalud adelantará las actuaciones administrativas correspondientes para restituir la administración de la aseguradora a su anterior equipo directivo
Uno de los episodios más sonados y polémicos de la crisis del sistema de salud en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro tiene un nuevo giro.
Tras casi tres años del tira y afloja legal, la Superintendencia Nacional de Salud anunció formalmente el 30 de octubre de 2026 que acata la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el marco de una acción popular, de suspender la medida de intervención forzosa administrativa que pesaba sobre Coosalud EPS, la cual había sido adoptada originalmente por la entidad de control el 22 de noviembre de 2024.
Según un comunicado de prensa entregado por Supersalud, se determinó que el traspaso de la administración "se llevará a cabo de manera organizada, técnica y gradual", esto con el fin de evitar cualquier tipo de afectación o traumatismo operativo a lo largo del proceso, esto, según comunicaron, en busca de salvaguardar la adecuada atención integral de al menos 3.337.343 afiliados que componen la base de Coosalud EPS, garantizando a su vez el cumplimiento de los compromisos contractuales y operativos asumidos por la entidad.
Tras esta decisión, Supersalud adelantará las actuaciones administrativas correspondientes para restituir la administración de la aseguradora a su anterior equipo directivo, aunque el organismo enfatizó que continuará ejerciendo activamente sus competencias de inspección, vigilancia y control sobre la aseguradora para velar de forma permanente por la protección del derecho a la salud.
A finales de 2024, inspecciones de la Supersalud señalaron la presunta injerencia de Mario Andrés Urán, exviceministro y asesor del sector salud, en autorizaciones y giros directos. En ese momento, Coosalud negó irregularidades directivas, indicando que se trataba de un contratista externo.
En noviembre de 2024, la Superintendencia ordenó la toma inmediata de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de Coosalud, por lo que se removió a la junta y al presidente, designando como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes, una intervención a la que luego se sumaría la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Coosalud defendía al momento de la toma que mantenía un patrimonio positivo cercano a $290.000 millones. Sin embargo, el balance posterior de la intervención arrojó pérdidas acumuladas multimillonarias, deudas críticas con la red de clínicas y hospitales, y reclamos de IPS aliadas.
Durante gran parte de 2024 y 2025, informes de la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo acusaron a la interventoría pública del colapso de metas, crecimiento exponencial de quejas por cirugías y tutelas por incumplimiento en contra de Coosalud, por lo que surgieron denuncias públicas por presunto mal uso de recursos institucionales, entre ellos, gastos no autorizados y viáticos bajo la administración interventora.
Sin embargo, en noviembre de 2025, Supersalud expidió un nuevo acto administrativo extendiendo la medida forzosa por 12 meses más, hasta noviembre de 2026, argumentando que los objetivos de saneamiento aún no se habían completado.
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