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La historia detrás del presunto desvío de recursos de Coosalud
Esta semana, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión de la intervención al considerar que empeoró la crisis
Esta semana, la Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, destapó uno de los escándalos financieros más delicados del sector salud. La entidad encontró una serie de irregularidades alrededor de Coosalud EPS, que tiene 3,3 millones de afiliados y que, entre 2019 y 2025, habría estructurado una arquitectura financiera para el desvío y ocultamiento de recursos.
La decisión de la Superintendencia coincidió con la del Tribunal Administrativo de Bolívar, que suspendió la medida de intervención administrativa contra Coosalud. La EPS fue intervenida desde noviembre de 2024 por la Superintendencia de Salud; sin embargo, el tribunal encontró que esta intervención estaba agravando la crisis financiera.
La razón fue simple: de acuerdo con el tribunal, mantener la intervención podría agravar la crisis. Coosalud EPS enfrenta problemas de gestión que llevaron a su intervención forzosa por la Supersalud.
La historia se remonta a 2017, cuando la cooperativa y la EPS eran una sola entidad, una empresa prestadora de servicios de salud que posteriormente tomó la decisión de dividirse en lo que hoy se conoce como Coosalud EPS y la Cooperativa Coosalud.
"La cooperativa termina siendo, básicamente, la dueña de la EPS y de otras empresas que posteriormente el señor Jaime González, exgerente, creó", explicó María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria.
Agregó: "encontramos que los estados financieros no estaban siendo reportados de manera correcta. Al ser la cooperativa la matriz de todo esto, debían presentar estados financieros consolidados de todas las empresas, llámese EPS o S.A.S., y estos no habían sido presentados".
“El tribunal encontró un aumento del 32% en las PQR, un crecimiento sostenido de tutelas y una inestabilidad por la alta rotación de interventores. Por lo anterior, decidió suspender la intervención”.
“Jaime González, en representación legal de la EPS, de la cooperativa y de las empresas del grupo, presuntamente construyó toda una arquitectura financiera para ocultar deudas de la EPS”.
Según la Supersolidaria, se identificaron presuntas simulaciones de compras de cartera por más de $55.000 millones a prestadores de salud, la constitución de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones, en el cual se identifican transacciones que podrían alcanzar los $90.600 millones, y procesos ejecutivos superiores a $300.000 millones derivados de estas operaciones.
También advirtió una diferencia en el Fondo de Aportes Sociales, que debía registrar cerca de $15.000 millones y presenta un saldo de $550 millones.
¿Qué viene para Coosalud? Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, explicó que “la intervención quedó sin efectos y, en principio, la EPS debe volver a su estado anterior. Sin embargo, ahora se abre un pulso jurídico sobre quién asume realmente el control, porque, aunque la decisión debe cumplirse, la Supersalud puede intentar frenarla o dilatar su aplicación”. En todo caso, enfatizó que los principales afectados por el lío jurídico son los pacientes. “No hay certeza de si se van a continuar los pagos de los contratos, lo que terminaría afectando la prestación del servicio”.
En el centro del caso está Jaime González, exgerente de Coosalud, quien habría construido una arquitectura financiera para ocultar las deudas. En ese entramado surge un crédito por $221.000 millones, solicitado a través de Inversa S.A., una empresa recién creada y también bajo su control. De ese dinero, alrededor de $100.000 millones habrían sido destinados a capitalizar la EPS, mientras que otra parte se habría girado a terceros, principalmente IPS. Una porción adicional habría terminado en negocios particulares.
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De acuerdo con la Dian, estos títulos se emiten mediante una resolución de devolución y se consignan en subcuentas abiertas a nombre del contribuyente en entidades autorizadas
