Cerrejón denunció bloqueos a su línea férrea por parte de movimiento indígena

Cerrejón informó que, desde el domingo 2 de febrero de 2025, miembros del movimiento indígena Nación Wayuu iniciaron un bloqueo indefinido a la línea férrea y a la entrada de Puerto Bolívar, exigiendo respuesta a un pliego de peticiones en el que exigen respuesta a diversos temas entre ellos, la inclusión por parte de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, DCP, de comunidades adicionales, en el marco de la sentencia T-704, y el manejo de regalías en el departamento, entre otros.

Cerrejón indicó que ha realizado las consultas ordenadas por la sentencia T-704, "logrando hasta la fecha acuerdos con 401 comunidades. De estas, 355 ya han sido cerradas, luego de cumplirse los compromisos adquiridos, que incluyen más de 2.325 proyectos destinados al bienestar de las comunidades".

"Estos proyectos incluyen mejoras en infraestructura, generación de ingresos, acceso al agua, fortalecimiento cultural, entre otros, los cuales han sido definidos y ejecutados de manera autónoma por los movimientos indígenas que representan a dichas comunidades", agregó la empresa.

En este proceso, Cerrejón ha alcanzado acuerdos con 69 comunidades representadas por el movimiento Nación Wayuu, acuerdos que, tal como afirmó la compañía, han sido cumplidos y formalmente cerrados, con la participación del Ministerio del Interior y otras instituciones gubernamentales.

Cerrejón manifestó que respeta el marco normativo colombiano que establece los procedimientos para identificar y definir las comunidades sujetas a consulta: "La empresa hace un llamado reiterado a desestimar las vías de hecho y acatar los procedimientos establecidos por la ley, con el fin de abordar de manera efectiva las preocupaciones de las comunidades".

Cabe anotar que en el año 2024, Cerrejón sufrió 333 bloqueos, lo que resultó en más de 134 días de operaciones detenidas. En este año, ya se han presentado 19 bloqueos, sumado a cuatro atentados que ha sufrido la infraestructura de la línea férrea, "lo que pone en grave riesgo la seguridad y tranquilidad de los habitantes del territorio y genera graves repercusiones económicas y sociales para las comunidades, los trabajadores y sus familias, así como para el departamento y el país", enfatizó la organización.