Tras la reforma a la salud, se proyectan ingresos por más de $28 billones para 2033

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Sobre la reforma se siguen creando discusiones en torno a su inversión y su sostenibilidad financiera. Este lunes, durante un taller de socialización sobre la inversión contemplada en la propuesta, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó sobre el modelo de financiamiento, y aseguró, además, que la estrategia propuesta en el proyecto de ley permite al país solucionar, tanto los problemas acumulados durante tres décadas de vigencia de la Ley 100 de 1993, como transformar el sistema de forma que pueda garantizar el derecho a la salud.

En la misma reunión se habló sobre los cálculos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, que hablan sobre los escenarios financieros para los próximos años, y sobre esto se aseguró que el modelo no hará ningún "hueco fiscal" al sistema.

Esto, según explican, porque la reforma tributaria le entregará recursos al Sistema General de Participación, que garantizarán más de $16 billones para la salud en 2024, que irán en aumento hasta completar $28 billones de en 2033, lo que hace al modelo propuesto perfectamente manejable en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Respecto a los gastos en contingencias no incluidos en la reforma tributaria -que se calculan en $4,7 billones no atribuibles a la propuesta presentada ante el Congreso- y al saneamiento del déficit financiero de los hospitales públicos, el viceministro Martínez señaló que se trata de algo de lo que todos los gobiernos tienen que ocuparse y “esto debe hacerse con o sin reforma”;y puntualizó que solo para este año el Presupuesto General de la Nación destinó $1,5 billones a la construcción de infraestructura hospitalaria.

En adición, y en consonancia con el rumbo que el Gobierno Nacional ha decidido darle a los recursos de la salud, el Ministerio de Hacienda definió asumir 50% de este déficit, de forma que los entes territoriales puedan hacerse cargo de la otra mitad.

Asimismo, el funcionario indicó que, previo a la presentación de esta reforma, la Corte Constitucional ya había dispuesto la dignificación laboral del personal de la salud, por lo cual el Estado debe cumplirles a los trabajadores y trabajadoras, y que los recursos para ello deben asegurarse.

“Se trata de una decisión política para el cumplimento de una obligación” y con ello se está previniendo un alto riesgo jurídico que puede equivaler a varias veces el dinero necesario para implementar una reforma como esta”, concluyó.