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La ley 1811 del 2016, señala que todos los usuarios de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y los Sistemas Integrados de Transporte Regional “que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema y que hayan validado a través del sistema unificado de recaudo 30 validaciones del uso de biciparqueaderos y/o puntos de encuentro recibirán un pasaje abonado en su tarjeta”.
Esta ley, que fue presentada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, señala que se estimulará la instalación y utilización de portabicletas en “todos los medios de transporte público terrestre como forma de integración modal del transporte” y de ninguna manera “se entenderá que el uso de portabicletas es objeto de comparendo de tránsito o causará inmovilización del vehículo”.
De acuerdo con la Ley, los funcionarios públicos “recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta”.
Por su parte, los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el derecho privado “podrán adoptar el presente esquema de incentivos con arreglo a sus propias especificaciones empresariales”.
De acuerdo con la normativa, en plazo no superior a dos años, desde la expedición de la ley, “las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda, habilitando como mínimo el 10% de los cupos destinados para los vehículos automotores que tenga la entidad”.
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El embajador tiene experiencia en el sector diplomático desde 1988, con roles de asesoría, jefe de misión y dirección de soberanía
