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El manejo de 120 millones de toneladas de relaves y el impacto en tres afluentes hídricos de la región, eran algunas incongruencias
Un análisis al Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIA) radicado ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por AngloGold Ashanti, el pasado 27 de enero de 2021, evidenció incongruencias relacionadas con el impacto ambiental del proyecto en temas como el manejo de 120 millones de toneladas de depósitos de relaves (residuos como arsénico, vanadio, níquel, plomo, cadmio), destrucción de afluentes hídricos y la delimitación real de las áreas de influencia.
El estudio, contratado por Comfama y realizado con el apoyo de Muñoz Tamayo Asociados, reveló que el plan de gestión del riesgo (PGR) del proyecto “no cumple con los mínimos normativos esperados para el análisis de riesgo” y en sus objetivos específicos tampoco incluye el componente de reducción del riesgo, enfocándose en el manejo de las emergencias sin prevenirlas y en los escenarios pertinentes a la etapa de operación.
Ayer, la Anla ordenó el archivo del trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental para el proyecto minero. Las principales consideraciones técnicas que llevaron a ordenar el archivo de la actuación por parte de la entidad se relacionaron con: la definición del área de influencia, la caracterización de los componentes hidrogeológico, hidrológico, de geotecnia y biótico, el depósito de relaves y a la subsidencia, entre otros.
Algunos de estos hallazgos son similares a los del estudio ejecutado por la Corporación Geoambiental Terrae, realizado para los habitantes de Támesis y Jericó. Julio Fierro Morales, geólogo de la corporación y docente de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que entre las principales contradicciones está que la actividad minera involucraría como área de influencia a buena parte de los territorios de Támesis, Jericó y Valparaíso, no solamente Jericó, como lo ha afirmado AngloGold Ashanti en su postulado.
Además de la afectación a los lechos hídricos (tanto subterráneos como superficiales), se suma la mala disposición de los relaves, que de acuerdo con una auditoría de la empresa Ausenco, podrían tener una afectación en un área de hasta 40 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en el EIA, se presenta que las afectaciones son solo de un kilómetro, lo que sería una grave inconsecuencia entre los modelos teóricos del impacto ambiental y el modelamiento.
“Es irresponsable que una empresa plantee que va a poner allí unos relaves, que pueden tener un espesor de 120 metros. No son viables y se está haciendo una propuesta que puede tener costos en vidas humanas”, afirmó Morales.
Calificó como extraño el hecho de que la Anla no haya pedido complementos y aclaraciones frente al tema, sabiendo que “ esa disposición no funciona en un municipios como Jericó”.
Por su parte, la docente e investigadora de departamento de Derecho y de Medio Ambiente, Carolina Montes, explicó que también se tuvo que se debe tener en cuenta que hay ecosistemas muy importantes que colindan con Chocó, donde hay una gran diversidad cercana a la frontera de Panamá, que también iban a ser impactados.
Las quebradas La Guamo y Quebradona iban a ser afectadas 30% y 98%, respectivamente, lo que fue otro de los aspectos a tener en cuenta por la autoridad ambiental, además de las afectaciones a la biodiversidad.
Los motivos de la Anla para archivar el trámite de licenciamiento
Durante el proceso de evaluación del proyecto minero de Quebradona, la Anla desarrolló dos visitas de campo en marzo y septiembre de 2020. Como resultado de la información entregada por la empresa y las visitas de campo, la autoridad ambiental solicitó en noviembre de 2020 la información adicional formulando 174 requerimientos. En enero de 2021, la empresa radicó ante la Anla la respuesta a estos requerimientos.
La decisión de la Autoridad se encuentra en proceso de publicidad a la empresa, a los 211 terceros intervinientes reconocidos y a la comunidad en general. Contra la decisión de archivo procede recurso de reposición, bajo los términos y requisitos establecidos en la normativa aplicable. Cabe recordar que durante este trámite ambiental se han reconocido a la fecha más de 211 terceros intervinientes.
El archivo de la licencia se hace porque la información solicitada por la Anla no estaba completa o la misma no resulta ser suficiente para resolver si el proyecto debe ser o no licenciado.
Entre las preocupaciones está la afectación del recurso hídrico, además de la cantidad de material para la extracción, lo que podría hacer cambiar el paisaje. Jericó es un distrito de ecoturismo, por lo que este punto fue considerado por la Anla.
Entre las opciones de la compañía están desistir del proyecto, dejarlo archivado y volver a realizar el trámite, o presentar un recurso de reposición contra el auto.
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