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Informe de la Comisión de Expertos sugiere configurar una Superintendencia de Asuntos Ambientales Minero-Energéticos para dar mayor control y vigilancia a esta técnica.
Mes y medio después de presentar las principales conclusiones de un estudio que analizó los efectos ambientales, sociales y económicos de implementar el fracking en Colombia, la Comisión de Expertos, conformada por 13 especialistas de diferentes disciplinas, reveló el informe completo. El documento, que comprende una serie de recomendaciones para iniciar los primeros pilotos, concluyó que para avanzar en el siguiente paso no solo se requiere una “licencia social” del país, sino, además, la creación de una Superintendencia de Asuntos Ambientales Minero-Energéticos.
Pese a que las sugerencias de los expertos no son vinculantes para el Gobierno Nacional, en el informe se establecen las líneas generales con las que el Ministerio de Minas y Energía deberá definir la hoja de ruta para aprobar o no la realización de fracturación hidráulica, o fracking, en Yacimientos No Convencionales (YNC).
“Es absolutamente necesario tener una institución robusta para hacer seguimiento desde el punto de vista ambiental y social. La recomendación de la Comisión de Expertos sobre reforzar las instituciones, o crear una nueva, daría más garantías a los ciudadanos y a las comunidades. Eso permitiría que haya mayor control del Gobierno en la implementación de los primeros pilotos de investigación”, explicó Germán Espinosa, presidente de Campetrol.
La creación de una Superintendencia de Asuntos Energéticos obedece, según el grupo de especialistas, “a implementar una estructura sólida de inspección, vigilancia y control que garantice los máximos estándares de cuidado ambiental en las zonas en donde se desarrolle exploración de YNC”. Se trata de una propuesta en la que se sugiere que se integren las competencias institucionales de entidades como la Supersociedades, Supersalud y la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con el objetivo de crear una institución integral.
Otras de las recomendaciones que se le da al Gobierno para avanzar en los primeros pilotos es el desarrollo de una Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Es decir, una norma en la que se divulgue la “información relacionada con la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, iniciando por aquella información asociada con la zona de influencia donde están los pilotos”.
Para Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), “desarrollar los yacimientos no convencionales, a través de la técnica del fracking, le permitiría a Colombia garantizar su autosuficiencia energética (...) los YNC le generarían importantes recursos fiscales al país que servirían para apalancar programas de inversión del Gobierno Nacional”.
Se espera, ahora, que el Ministerio de Minas y Energía analice el informe. Allí, se tomará la decisión de dar o no el aval para implementar la tecnología.
Beneficios fiscales de iniciar los primeros pilotos de esta técnica en Colombia
Estimaciones de los gremios, las empresas y el Gobierno Nacional proyectan que los planes pilotos de Yacimientos No Convencionales le aportarían a Colombia US$36.000 millones en recursos fiscales en los próximos 25 años. Este monto, según la ACP, permitirían aumentar entre 10% y 15% la inversión total del Gobierno, pues se darían $4 billones por año. Pese a que hasta el momento son estimaciones, se sumarían, además, 2.800 millones de barriles en nuevas reservas de petróleo.
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