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Así lo indicó la entidad al asegurar que “se trató de una decisión política, no jurídica, ni científica. Una decisión carente de la carga argumentativa que exige la Corte Constitucional”.
“El Gobierno Nacional debe decirle al país con honestidad el propósito de esa decisión política, que satisface una exigencia reiterada de las Farc y que ese grupo terrorista celebra”, agregó la entidad.
Para el ministerio público como el Gobierno ordenó adoptar esa determinación sin tener un plan que garantice la misma eficiencia en el combate a los cultivos ilícitos, “la consecuencia será que el país se hundirá en un mar de coca y los ciudadanos padecerán las gravísimas efectos del fortalecimiento de la criminalidad en ciudades y campos”.
La Procuraduría insistió en que esta decisión deteriorará la seguridad nacional porque los cultivos de coca crecerán y con ello se fortalecerá la presencia de grupos armados ilegales.
“Más coca es más dinero para las Farc, el ELN y las Bacrim. Y más dinero es más capacidad para matar soldados y policías, atacar a la población civil y cometer actos de terrorismo”, señaló.
Igualmente, indicó que esta decisión se traducirá en un mayor consumo en los jóvenes y en un aumento el microtráfico y de las bandas delincuenciales en las ciudades.
Finalmente señala que: “La Procuraduría recuerda a los funcionarios encargados: la lucha contra los cultivos ilícitos, independientemente de los mecanismos que se empleen, es un deber legal, no una potestad política”.
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