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El presidente Juan Manuel Santos anunció que presentarán un proyecto de ley para tipificar en el Código Penal la minería ilegal y sancionarla con penas más severas. El Mandatario agregó que habrá "mano generosa" para ayudar a la minería artesanal que quiera formalizarse. Para este fin se cuenta con recursos por $30.000 millones.
"Estamos finiquitando ya la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, un proyecto de ley que va a reformar el Código Penal y que además tiene que ver con una de las dificultades que hemos tenido en el combate contra la minería criminal y es que el delito está mal tipificado", explicó el mandatario al referirse sobre la minería ilegal, durante la presentación del Decreto 2235 y otras normas contra este delito.
Santos dijo que la minería ilegal debe castigarse por causar un daño grave contra el medio ambiente y anunció que se adoptará una serie de medidas para restringir el uso de insumos como el mercurio, cianuro, arsénico y otras sustancias que generan grave daño ambiental.
El mandatario dijo que el Gobierno apoya la propuesta del presidente de la Cámara, Augusto Posada, y del representante Simón Gaviria, que busca prohibir totalmente de forma gradual el uso del cianuro en Colombia.
Agregó que mientras hay "garrote" con la minería ilegal, habrá "zanahora y mano generosa" con la minería artesanal, que busque formalizarse y para esto se contarán con $30.000 millones.
"La minería criminal se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia en este país. Alimenta a las Farc, alimenta al Eln, alimenta a las Bacrim", dijo Santos y añadió que la nueva política será considerada como prioridad de Estado, por lo que se han llegado a acuerdos con presidente de países como de Ecuador, Perú y Bolivia.
"Medidas que tienen que ver inclusive con la destrucción misma de la maquinaria pesada que se utiliza para esa minería criminal", sostuvo.
Precisó que "se van a expedir dos decretos: uno que ya se fue firmado, otro que será firmado esta semana y se va a presentar al Congreso un proyecto de ley".
El primer decreto tiene que ver con autorizar la destrucción de la maquinaria pesada dedicada a la minería criminal, acción que será de última instancia.
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