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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la medida judicial tiene un trasfondo electoral.
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Todo comenzó cuando el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó al Gobierno pagar la deuda que tiene con las filiales de EPM
El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín en torno a Empresas Públicas de Medellín, EPM, sigue escalando. La disputa, que comenzó por los retrasos en los aportes estatales a los subsidios de la empresa y sus filiales, ahora incluye una inspección solicitada por el Ministerio de Minas y Energía.
Todo comenzó cuando el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó al Gobierno Nacional pagar la deuda que tiene con las filiales de EPM. El ente judicial señaló que la obligación por parte del Ejecutivo es "clara y exigible", por lo que decretó el embargo y la retención de los fondos en cuentas bancarias, de ahorros y productos financieros del Estado para garantizar el pago de la deuda.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió la decisión judicial y criticó la falta de respuesta del Gobierno. “Esto no es un arma política. Arma política la que él está haciendo en contra de las ciudades, en contra de las regiones, en contra de las empresas, tanto públicas como privadas, al no pagar esos recursos a los cuales está obligado”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la medida judicial tiene un trasfondo electoral. “El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de la Nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”, señaló.
La polémica llegó hasta el presidente Gustavo Petro, quien rechazó el embargo y calificó la medida como ilegal. En su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Dictador es el que embarga cuentas de la Nación cuando la ley dice que las cuentas de la Nación son inembargables”.
Ante la creciente controversia, el Ministerio de Minas y Energía solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar una inspección inmediata a EPM para verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual de la empresa. En la carta, conocida por El Tiempo, el ministerio enfatiza la necesidad de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios y vigilar posibles irregularidades en la gestión de la compañía y sus filiales.
El documento recuerda que, según el artículo 370 de la Constitución, el Presidente de la República tiene la facultad de ejercer control, inspección y vigilancia sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Con base en ello, el Ministerio de Minas pidió un seguimiento exhaustivo para establecer si se han incumplido contratos o normativas vigentes.
La denuncia busca esclarecer posibles irregularidades en el proceso de contratación del proyecto, adjudicado a PIO S.A.S. en febrero de 2025
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