Entre populismo y ajuste fiscal, The Economist analizó los primeros 100 días De la Espriella

A punto de cumplir 100 días de gobierno, el gobierno de Abelardo de la Espriella no está alejado de los ojos de los medios internacionales.

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En un análisis publicado por el medio británico The Economist, la publicación observa "una impronta populista de derecha sustentada en promesas de mano dura y crecimiento económico" en los primeros meses del gobierno de De La Espriella, el mismo que ha desplegado una intensa estrategia de comunicación en redes sociales con su eslogan de "Patria Milagro", esto mientras atiende las secuelas de un terremoto ocurrido al inicio de su mandato que dejó más de 300 muertos y US$13.000 millones en daños materiales.

En materia económica, la publicación observa que el gobierno de De la Espriella "cuenta con un presupuesto limitado para seguridad y otras operaciones", entendiendo un contexto con una deuda pública cercana a 60% del PIB, un déficit proyectado de 9,4% para 2027 y negociaciones con el FMI por hasta US$20.000 millones.

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The Economist revisa que, con respecto a la Ley de Rescate, pese a contar con una mayoría nominal en el Legislativo, la gobernabilidad en el Congreso es precaria debido al reducido número de escaños propios y a la negativa oficial de negociar cuotas burocráticas; algo que, según el análisis de la publicación, ha generado tensiones con bancadas afines como el Centro Democrático frente al impacto de los impuestos, en un escenario donde el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió sobre el peligro de caer en cesación de pagos de no avalarse la reforma.

En cuanto a seguridad, The Economist revisa la estrategia del ejecutivo como "zanahoria y garrote" compuesta por la ley de sometimiento, misma que descarta negociaciones políticas y ofrece rebajas de penas a cambio de confesión, delación y entrega de bienes, y un proyecto de estatuto antiterrorista con facultades presidenciales para designar grupos terroristas y congelar activos, medida que, según considera el medio internacional, genera alertas en organizaciones de derechos humanos por posibles riesgos de intimidación civil, pues afirma que "tanto los narcotraficantes como los activistas por la justicia social están en el punto de mira de El Tigre".