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ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda
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La cartera también planteó expedir una directiva presidencial para frenar nuevas actuaciones administrativas en relación a esta norma
El Ministerio de Educación, liderado por Ilva Myriam Hoyos, expidió un oficio en el que solicitó derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026 en la que se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035.
La cartera también planteó expedir una directiva presidencial para frenar nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas sustentadas en esa norma mientras se adelanta su revisión.
La propuesta se fundamenta en una serie de cuestionamientos constitucionales y legales sobre el alcance de la resolución.
Entre las principales preocupaciones expuestas por el Ministerio están la posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, así como las dudas sobre las facultades legales para establecer determinadas obligaciones curriculares y pedagógicas mediante un acto administrativo.
"Entre ellos se encuentran la suficiencia de la habilitación legal para imponer determinadas obligaciones de naturaleza curricular y pedagógica; la posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos", se lee en el documento.
La cartera también cuestionó que la política extienda sus compromisos hasta 2035 con fundamento en instrumentos de planeación del periodo 2022-2026 y señaló posibles vacíos en la identificación de las fuentes de financiación, las apropiaciones presupuestales y las competencias de gasto necesarias para ejecutar las medidas.
La cartera también advirtió que la resolución ya está vigente y contiene plazos de implementación para entidades territoriales e instituciones educativas.
La propuesta fue planteada para consideración del Gobierno y contempla la coordinación con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y los demás ministerios. El documento expone la necesidad de revisar y eventualmente derogar la política, pero no significa que la resolución haya sido derogada ni que exista una decisión definitiva del Gobierno en ese sentido.
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