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Director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ignacio Ballesteros
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Alfred Ignacio Ballesteros pidió revisar los instrumentos ambientales y aumentar las obligaciones de las empresas para garantizar la sostenibilidad hídrica
El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, planteó la necesidad de fortalecer las compensaciones ambientales en Colombia para garantizar la recuperación de los ecosistemas, proteger las fuentes hídricas y aumentar la corresponsabilidad de los sectores productivos.
Durante la instalación del foro “Gran debate nacional sobre el futuro de las compensaciones ambientales: ¿Cómo devolverle a la naturaleza lo que le quitamos?”, defendió la adopción de medidas más exigentes para asegurar resultados ambientales verificables.
“Compensar no es pagar por dañar, sino gestionar responsablemente aquello que no pudo evitarse”, señaló el dirigente de la entidad en el contexto del encuentro, cuyo propósito es analizar alternativas políticas, jurídicas, metodológicas y técnicas para construir una ley de compensaciones ambientales.
Ballesteros explicó que la CAR modificó su manual de compensaciones mediante la Resolución 284 de 2025, con el propósito de establecer obligaciones más estrictas para los usuarios de los recursos naturales. Según el funcionario, las disposiciones nacionales resultaban insuficientes frente a las necesidades del territorio y era necesario ampliar las alternativas más allá de la siembra de árboles.
La corporación busca que las compensaciones incluyan acciones como la adquisición y restauración de predios estratégicos en las microcuencas abastecedoras, la instalación de estaciones hidrometeorológicas, el monitoreo del agua y proyectos que beneficien directamente a las comunidades. También propuso contemplar inversiones en acueductos veredales y esquemas de pagos por servicios ambientales que contribuyan a la conservación y al bienestar de las familias.
“Las grandes empresas y los grandes consumidores hoy sí o sí tienen que construir su plan de adaptación al cambio climático”, afirmó. Para el director, las compañías deben identificar las cuencas de las que obtienen el recurso hídrico y las áreas que necesitan conservar para garantizar la continuidad de sus operaciones.
El funcionario advirtió que la presión sobre las fuentes hídricas exige decisiones de fondo. La CAR ha comenzado a negar permisos de captación de aguas superficiales en microcuencas con alto estrés hídrico y acompaña a las empresas para que busquen fuentes alternativas, aprovechen aguas subterráneas, recolecten agua lluvia y adopten prácticas de economía circular y reúso.
También señaló que el crecimiento urbano debe ajustarse a la capacidad de los ecosistemas. Por ello, la corporación ha condicionado nuevos ajustes a los planes de ordenamiento territorial a la presentación de modelos de ocupación sostenibles, con garantías de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.
Según las cifras expuestas por Ballesteros, 36 municipios enfrentan alto estrés hídrico. Además, citó una estimación según la cual, para 2040, la oferta hídrica podría disminuir 23%, mientras la demanda aumentaría cerca de 20% por el crecimiento poblacional. Esto acercaría el déficit de la cuenca del río Bogotá a 50%.
El director agregó que Colombia tiene 835 municipios susceptibles al desabastecimiento de agua, por lo que pidió a los gobiernos locales priorizar la seguridad hídrica y la conservación en sus próximos planes de desarrollo.
Como ejemplo de los cambios, Ballesteros indicó que una empresa con una captación de 57 litros por segundo, que bajo la metodología anterior tenía un factor de compensación equivalente a 20.364, pasaría a tener que adquirir 284 hectáreas y plantar al menos 455.000 árboles, además de desarrollar acciones sociales y obras complementarias.
Para el funcionario, las compensaciones deben traducirse en intervenciones proporcionales a las necesidades de conservación de las cuencas. El objetivo, concluyó, es evitar que el deterioro de las fuentes hídricas termine comprometiendo la viabilidad de actividades agrícolas, ganaderas e industriales.
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