MinComercio modificó criterio para la clasificación de las empresas por tamaño

Con el objetivo de definir un sistema más adecuado en torno a la clasificación de las empresas del país el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió un decreto, que entrará a regir en diciembre, que define nuevos rangos para la clasificación del tamaño de las compañías.

Anteriormente, las empresas estaban catalogadas según su número de trabajadores totales, valor de ventas brutas anuales y valor de activos totales, pero el nuevo modelo define rangos para tres grandes sectores: comercio, servicios y manufacturas.

En el caso del comercio se considerará una microempresa cuando sus ingresos estén por debajo de $811 millones, desde $811 millones hasta $7.027 millones figura como pequeña empresa y desde $7.027 millones hasta $59.527 millones como mediana, en adelante se tomará como una gran empresa.

La clasificación en empresas se servicios está para microempresas cuando sus ingresos se ubiquen por debajo $1.131 millones, de ahí en adelante, y $4.523 millones figura como pequeña empresa, desde $4.523 millones hasta $16.558 millones como mediana.

Para el caso de las manufacturas el máximo de ingresos para las microempresas es $1.535 millones, hasta $14.781 son pequeñas, y por debajo de $74.066 millones medianas. Ingresos por encima de este último valor se consideran de una gran empresa.

Según el ministro de comercio, Jose Manuel Restrepo, el país lleva cerca de 10 años intentando adoptar ese cambio, que es un estándar internacional y que "es el instrumento que nos va a permitir fortalecer la focalización de la política productiva del país".

Según el jefe de la cartera de Comercio esto antes no era posible," porque justamente el modelo que se usaba para medir la clasificación empresarial era un modelo basado en activos, y empleo, que no es el mecanismo ni internacionalmente apropiado, ni estructuralmente adecuado para hacer clasificación empresarial".

Restrepo destacó también que con este nuevo modelo se podrán definir con más claridad políticas públicas en materia de créditos, recursos de financiación, o apoyos destinados a sectores productivos.