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Esto, porque el titular de esa cartera, Aurelio Iragorri, se declaró impedido desde el inicio del trámite legislativo debido a que uno de sus primos tiene una disputa judicial por la legalidad de varios predios baldíos en el departamento del Vichada.
La ley pretende fomentar la asociación entre campesinos y grandes empresas para que las zonas del país que están aptas para actividades agrícolas y pecuarias se usen, lo que no ha pasado porque están alejadas, tienen baja densidad poblacional y a ellas Estado no ha podido llegar.
En el Congreso pasó con grandes críticas, especialmente por el tema de baldíos, que finalmente, según el Gobierno se autorizaron así: “Para la ejecución de proyectos productivos dentro de una Zidres se podrá solicitar al Gobierno Nacional la entrega en arriendo de bienes baldíos de la Nación. La duración de esta entrega se determinará según los ciclos productivos de los respectivos proyectos”.
En la reglamentación se va a estipular entre otras cosas la delimitación de las Zidres a través de un documento Conpes. Después, con la delimitación el Gobierno Nacional expedirá un decreto en el que se aprobará la constitución de las Zidres.
Hoy, esta es una de las razones por las que la Cumbre Agraria ha determinado convocar a un nuevo paro, así lo expresa César Jerez, vocero de la organización que reúne diferentes plataformas del sector.
“Las Zidres van en contravía de los acuerdos de La Habana en cuanto a desarrollo agrario integral con enfoque territorial, van en contravía de la ley 160 y de las zonas de reserva campesina. Legalizan la concentración de tierras ilegales de algunas familias colombianas y empresas que lograron hacer; buscan extranjerizar la tierra en un momento donde el Gobierno se comprometió a implementar con el proceso de paz un fondo de tierras para solucionar el acceso a la tierra en el país”, afirma.
Claro que también está el incumplimiento que ha señalado la Cumbre por parte del Gobierno en los temas centrales del pliego de peticiones que se aceptó durante el paro del 2013 que tienen que ver básicamente con economía campesina, el trato a los cultivos ilícitos, los impactos del modelo extractivo, así como el ordenamiento territorial.
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