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Miguel Gómez, ministro de Hacienda
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La iniciativa también eliminaría tratamientos tributarios especiales sobre los gastos de representación de magistrados, jueces y fiscales
Contratistas y empleados del Estado estarían en el centro del ajuste que plantea la 'Ley de Rescate Económico' radicada por el Gobierno. Esto se debe a que la propuesta contempla reducir a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios el próximo año y recortar 20% los gastos de nómina de las entidades del Presupuesto General de la Nación en 2028, con excepción de la Fuerza Pública.
De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, el proyecto representaría un ahorro de $44,6 billones en 2027 y de $76,1 billones en 2030, a través de la disminución de 15% en el gasto público total y la implementación de controles a la contratación y a los gastos de funcionamiento.
En el caso de la nómina, la cartera estima que el recorte de 20% previsto para 2028 equivaldría a $9,6 billones ese año. Además, establece que para 2029 y 2030, estos gastos solo podrían crecer el equivalente a la inflación más 0,5 puntos porcentuales, en línea con el mandato constitucional que obliga a que los salarios de los servidores públicos aumenten al menos con la inflación.
Según el jefe de la cartera, Miguel Gómez, la meta es reducir los gastos de la Nación en $45 billones, de los cuales "entre 30 y 35 billones los pone la austeridad del Gobierno". De esa forma, $2 de cada $3 del ajuste fiscal planteado provendrían de recortes en el gasto y el resto de otras fuentes. Algunos de estos ajustes estatales ya estarían incorporados en el PGN 2027, que incluye una reducción de $17,4 billones en compras públicas, transferencias y proyectos de inversión "no prioritarios".
En cuanto a las órdenes de prestación de servicios, OPS, el proyecto establece que en 2027 ese gasto se reduciría 50% frente a 2026 y que, a partir del año siguiente, no podría crecer por encima de la inflación. A su vez, propone que antes de firmar un contrato, cada entidad tendría que verificar que esas tareas no puedan ser asumidas por su personal de planta. MinHacienda argumentó esta medida en que entre 2022 y 2026 las obligaciones por OPS aumentaron 33,9%, pasando de $5,33 billones a $7,13 billones, con un crecimiento cercano a $1,8 billones.
De otro lado, la también reportó un aumento en el número de cargos públicos: entre 2023 y 2027 las plazas de la Rama Ejecutiva se habrían incrementado 25,9%, al pasar de 85.755 a 107.927, con, más de 22.000 cargos adicionales. Por sectores, el mayor incremento se habría dado en Hacienda, con 67,6%, seguido por Justicia, con 28,7%, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con 21,5%.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo que los recortes deben empezar por el sector público y advirtió sobre los riesgos de no hacer el ajuste. "Quedarse quieto significa que Colombia en 2027 entre en default. Significa que Colombia en 2027 sea un país inviable", dijo.
Además de la nómina y los contratistas, el proyecto fijaría límites al crecimiento de las compras de bienes y servicios entre 2027 y 2030, establecería controles sobre los gastos administrativos y contempla la reorganización de entidades públicas para reducir sus costos de funcionamiento.
Asimismo, pondría reglas a la publicidad oficial para que solo se utillice para informar y prohibiría su uso para promocionar la gestión del Gobierno, de sus funcionarios, de partidos o de candidatos. Tampoco se podrían financiar con recursos públicos eventos y celebraciones que no sean indispensables.
En el frente tributario, el proyecto eliminaría los tratamientos especiales de renta sobre los gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y algunos rectores y profesores de universidades públicas, con el fin de que sus ingresos queden sujetos a las reglas generales del impuesto y de retención en la fuente. Según MinHacienda, hoy un magistrado de tribunal paga en promedio cerca de $40 millones al año menos de impuesto que un trabajador con un ingreso similar.
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