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En el proyecto, además de explicar las razones por las que EPM sí puede participar de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), también señaló los inconvenientes de quedarse con esa participación y los perjuicios que traería para el Estado.
En primer lugar, explicó que puede participar del proceso ya que la reglamentación de la venta de Isagen no puede desconocer ni ir en contravía del Decreto 2555 de 2010, que establece que las OPA deben ser dirigidas a todos los titulares de los valores, incluida EPM, sin consideración a su participación y bajo el mismo precio ($4.130). Además señala que la empresa deberá seguir los principios de la Ley 226.
Ahora, la primera razón que presentó la compañía paisa para vender es la protección del patrimonio público, ya que explican que al vender a un precio mayor de lo que normalmente se valora la acción, evita la desvalorización del dinero ya que ese precio no se lograría por fuera de las OPA.
En segundo lugar, afirmó que de no vender estaría apalancando a Brookfield para que invierta o adquiera el resto de acciones con los $1,48 billones que no le pagaría EPM; evitando de esta manera conseguir la financiación a un precio mayor.
En tercer lugar, señaló que esos recursos recobrarían el carácter público, al ser EPM una empresa 100% estatal.
Un cuarto argumento es que la empresa podría perder $500.000 millones, ya que después de las OPA es probable que el precio de la acción vuelva a $2.700. Así que vendiendo EPM estaría valorizando 35% el patrimonio público.
Como quinta razón, la paisa señaló que es probable que su inversión se vuelva ilíquida, ya que por medio de un estudio que realizó Kpmg pudo corroborar que son muchos lo casos en los que Brookfield saca de la Bolsa sus acciones.
Finalmente, la empresa señaló que de seguir dentro de Isagen tendrá que apoyar y financiar los aumentos de reservas, inversiones o una nueva política de dividendos ya que no puede interferir en las decisiones de Brookfield por ser competidor directo y a la vez tener una participación cercana a lo máximo que le exigen las normas del mercado energético.
Esta norma está expresada en el artículo 84 del texto que fue conciliado para radicarlo esta semana en Cámara de Representantes
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