La tributaria para tapar el hueco fiscal

La reforma tributaria que presenta el Gobierno llega ambientada como la respuesta a unos gastos enormes resultantes de la pandemia del covid-19. De esa manera, la tecnocracia del Ministerio de Hacienda apela a la solidaridad de la ciudadanía para contribuir a las finanzas del Estado en medio de un momento de necesidad nacional. Sin embargo, el discurso del Gobierno omite cosas inconvenientes que no deben dejar de ser parte del debate democrático que se merece el país acerca de quiénes deben pagar más en impuestos, y cuánto deben pagar.

Este Gobierno fue elegido en parte a causa de su promesa de reducir los impuestos a las empresas para fomentar el crecimiento económico, y para su crédito, en la reforma tributaria de 2018 recortó alrededor de $9 billones en impuestos a las empresas. Desafortunadamente, recortar los impuestos a las empresas (o a cualquier otro actor) es algo que debe compensarse recortando el gasto público o subiéndole los impuestos a alguien más, y la reforma tributaria del 2018 no hizo lo suficiente de lo uno ni de lo otro. Las reducciones en el impuesto a la renta de las empresas - los efectos de las cuales se empezaron a sentir en el recaudo público hasta el año pasado - coincidieron con la llegada de la peor crisis económica de la historia de Colombia, en medio de la cual nos encontramos. Así que, llegado el momento en el cual el Ministerio de Hacienda probablemente habría tenido que anunciar que tocaba llenar un hueco fiscal de su propia creación, llegó la pandemia para proveer un aire de inevitabilidad a una reforma tributaria cuya necesidad había sido planeada desde 2018. En vez de buscar maneras de desviar la atención de la ciudadanía, el Gobierno debería admitir y defender las consecuencias naturales de su política fiscal: para reducir los impuestos a las empresas alguien más los tiene que pagar, y en esta reforma tributaria vamos a definir de quién se trata ese alguien más.

El estribillo repetido por todos los participantes en esta conversación es que las personas naturales deben pagar más en impuestos que las personas jurídicas. Pero lo que los gremios tratan de hacer pasar de largo es el hecho de que la nueva carga tributaria no tiene por qué recaer principalmente sobre los trabajadores o los consumidores del país. La reforma tributaria que hoy presenta el Gobierno debemos debatirla preguntándonos si hace lo suficiente por aumentar el recaudo proveniente de las dos principales fuentes de ingresos de las personas naturales más ricas del país: las llamadas ganancias ocasionales y las rentas no laborales.

Las enormes ganancias ocasionales de los más ricos del país, al parecer, son en gran parte resultado de la recompra de acciones por parte de las empresas para distribuir utilidades evitando los tributos que corresponden a la repartición de dividendos. Por su lado, las rentas no laborales permiten restarles a los ingresos de las empresas que operan como personas naturales costos y gastos que en la práctica no son auditados, reduciendo así de manera sustancial la base gravable de 0,1% y 0,01% más rico de los colombianos.

La Constitución Política del país garantiza ciertos derechos fundamentales que hacen que recortar el gasto no sea una opción realista para eliminar completamente el déficit. Por el contrario, hacen falta más recursos, y la Constitución estipula que el sistema tributario debe ser progresivo. El debate que tenemos por delante será sí la propuesta del Gobierno se ajusta al espíritu de nuestro contrato social, o si se trata de una reforma más diseñada para que los asalariados que no tienen más remedio que pagar sean los que subsidien el recorte de impuestos al capital.