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Enviaron órdenes de Policía Judicial a Air-e, donde solicitaban estados financieros correspondientes al período de intervención
Se esperaba que ayer la Fiscalía adelantara una investigación contra Air-e con motivo del presunto robo de mayor cuantía, inspeccionando los movimientos contables y los contratos de los agentes interventores que han estado al frente desde la intervención ordenada por el Gobierno en septiembre de 2024 a través de la Superservicios.
Con razón de esto, la Fiscalía envío órdenes de Policía Judicial a Air-e, donde solicitaban estados financieros correspondientes al período de intervención, con el fin de realizar una “evaluación integral de su situación financiera, administrativa, jurídica y operativa durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2024”.
Estas órdenes también se dirigían a la Revisoría Fiscal de la empresa y a la Dian, donde se pedían certificaciones sobre los montos y naturaleza de las deudas previas a la toma, con lo que se detallaba las obligaciones vencidas y no vencidas al 12 de septiembre de 2024 con sus respectivas fechas de vencimiento.
A finales de abril fue cuando la Fiscalía abrió investigación luego de la denuncia del abogado Jaime Lombana, la cual incluía la revisión de balances financieros, pagos a terceros, hojas de vida y contratos de los tres interventores anteriores.
En 2020 se consolidó la intervención y liquidación de Electricaribe, la compañía que brindaba el servicio de energía eléctrica para los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, La Guajira y Atlántico. Para esto, se creó el Consorcio de la Costa, en el que Empresas Públicas de Medellín, EPM, alzó la mano y se metió en este mercado, pero Latin America Corp se quedó con la otra parte de la torta, y para eso creó Air-e.
A finales de 2020, el entonces presidente Iván Duque, oficializó la entrada en el mercado de Air-e y Afinia, que buscaban recuperar la confianza y tranquilidad de los usuarios en la prestación de los servicios de energía.
Air-e se quedó con la operación de 57 municipios en tres departamentos: Atlántico, Magdalena y La Guajira, que en total se traduce en la cobertura de 1,3 millones de usuarios.
La entidad entró a operar con una inversión inicial de $59.729 millones, y para 2021 la cifra se disparó a $473.420 millones, lo que demostraba la intención de mejorar la prestación y garantía del servicio. De hecho, entre el cuarto trimestre de 2020 y el cierre de 2023, estas inversiones crecieron 18 veces, llegando a su pico máximo en 2022, cuando se destinaron $533.919 millones.
Las ganancias de la petrolera serían de $8,9 billones en 2025 si el precio del crudo se mantiene en ese nivel. Las transferencias a la nación caerían en $2,68 billones en 2026
La decisión se dio por mayoría de cuatro contra dos miembros de la Junta que votaron por una reducción de 50 puntos básicos
El gremio recordó que instancias como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertaron de forma reiterada sobre problemas estructurales en las cuentas públicas
