Air-e, la historia de una empresa que quedó en el limbo a causa de la intervención

En 2020 se consolidó la intervención y liquidación de Electricaribe, la compañía que brindaba el servicio de energía eléctrica para los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, La Guajira y Atlántico. Para esto, se creó el Consorcio de la Costa, en el que Empresas Públicas de Medellín, EPM, alzó la mano y se metió en este mercado, pero Latin America Corp se quedó con la otra parte de la torta, y para eso creó Air-e.

A finales de 2020, el entonces presidente Iván Duque, oficializó la entrada en el mercado de Air-e y Afinia, que buscaban recuperar la confianza y tranquilidad de los usuarios en la prestación de los servicios de energía.

Latin America Corp venía respaldado por un buen paso en la operación de la Empresa de Energía de Pereira y Enertolima; por lo que se confiaba que podrían recuperar el problema que había dejado Electricaribe.

Air-e se quedó con la operación de 57 municipios en tres departamentos: Atlántico, Magdalena y La Guajira, que en total se traduce en la cobertura de 1,3 millones de usuarios.

La entidad entró a operar con una inversión inicial de $59.729 millones, y para 2021 la cifra se disparó a $473.420 millones, lo que demostraba la intención de mejorar la prestación y garantía del servicio. De hecho, entre el cuarto trimestre de 2020 y el cierre de 2023, estas inversiones crecieron 18 veces, llegando a su pico máximo en 2022, cuando se destinaron $533.919 millones.

Pero dejando de lado el tema financiero, uno de los puntos más complicados de la recuperación son las pérdidas de energía, que se miden con un indicador. Cuando se fue Electricaribe, las pérdidas eran de 31%, y al año siguiente tras la entrada de Air-e, esto bajó a 30,6%. De hecho, hasta 2023, el indicador bajó a 25,1%, lo que demostraba que se estaba mejorando la prestación del servicio.

Como lo explicó Santiago Posso, gerente general de Air-e pre intervención, desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2024, el desempeño de la calidad del servicio de energía eléctrica mostró avances significativos, lo que reflejaba el compromiso sostenido con la mejora de la continuidad y confiabilidad del sistema.

“Durante este periodo, se ejecutaron inversiones superiores a $1,2 billones, destinadas a modernizar infraestructura, ampliar subestaciones, renovar redes de distribución y fortalecer la capacidad operativa en zonas críticas. Estas inversiones han sido fundamentales no solo para atender el crecimiento sostenido de la demanda, sino también para reducir los indicadores de interrupciones y garantizar un servicio más estable y seguro para los usuarios, promoviendo así el desarrollo económico y social de la región Caribe”, dijo Posso.

Otros indicadores claves para entender el impacto de Air-e son Saifi, que se refiere a cuántas veces se quedó un usuario sin energía y Saidi, que es cuánto tiempo, en horas promedio, estuvo sin electricidad durante el año.

En 2021, primer año de operación de Air-e, el Saidi meta era de 106,2 horas y cerró en 68,7. Para 2024, previo a la intervención, el indicador ya iba en 46.

El Saifi también mejoró, en 2021 la meta era de 85,2 veces y se cerró en 47,1. Para 2024, el indicador cayó hasta 21,3.

Pero si todo iba tan bien, ¿por qué terminaron intervenidos? Con la llegada del presidente Gustavo Petro se comenzó a promulgar una reforma a los servicios públicos. El mandatorio izó las banderas de la “justicia tarifaria”, asegurando que los usuarios estaban pagando tarifas muy caras, y eso no se reflejaba en calidad y confiabilidad.

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Para esto creó el Pacto por la Justicia Tarifaria, que le puso un techo a las tarifas de los comercializadores, como Air-e, con el fin de disminuir los precios de las facturas de la luz. Esto marcó el antes y después, porque las empresas no podían sanear el déficit por el alza en los costos de los generadores. Cabe señalar que a inicios de 2023 se proyectaba una temporada seca, que disminuiría la capacidad de los embalses, y por ende encarecería la energía.

Este plan se comenzó a implementar en septiembre de 2022, y empezó a generar una deuda acumulada de $1 billón, que generó alarmas en la compañía y por lo que elevó una carta ante la Superintendencia de Servicios y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, donde advertían un posible riesgo de iliquidez.

“La limitación en el aumento máximo de la variable pv para la aplicación de la Opción Tarifaria dispuesta la resolución Creg 12 de 2020 supone un riesgo de liquidez inminente para los comercializadores, y en especial para Air-e, en la medida en que genera una imposibilidad práctica para que esta empresa pueda recuperar los montos dejados por cobrar a los usuarios por la prestación del servicio de electricidad”, señala el comunicado.

Las autoridades no prestaron atención y la crisis se agudizó, a pesar que los indicadores mejoraban. De hecho, con la “advertencia” de una posible sequía, los generadores comenzaron a subir los precios, que no se compensaban en los comercializadores por la Opción Tarifaria, lo que asfixió mucho más las finanzas.

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Todo se “pudrió” en 2024, cuando la sequía fue una realidad, y los generadores en tres meses subieron el precio por kilovatio en bolsa de $115 a $2.499, lo que le disparó los costos a Air-e que pasó de tener un costo por generación mensual de $200.000 millones a $500.000 millones.

Fue en ese momento que comenzó el clamor de los gremios, y la advertencia de un posible apagón financiero, que se evidenciaba en las deudas de Air-e. La cartera acumuló $5,3 billones, de los cuales $1,6 billones eran “deuda oficial”, derivadas de subsidios, Opción Tarifaria, impagos de entidades públicas y municipios.

El bolsillo no aguantó más y el 10 de septiembre, el equipo jurídico de Air-e solicitó la intervención, para buscar cómo pagar las deudas. El 12 de septiembre la Superintendencia de Servicios hizo efectiva esa intervención, y hasta la fecha el déficit sigue presente.

Hoy se completan 280 días de intervención, y en vez de ver la luz al final del túnel, el problema cada vez es peor. “Air-e es el problema más grave que tiene el sistema energético y si no hacemos el tema técnico vamos a quedar sin energía en 28% de la demanda del país. No tenemos los recursos para que Air-e funcione”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco, y advirtió que el sector en general está en jaque.