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La orden judicial recalcó que la consulta previa a las entidades locales es un derecho fundamental.
Ecopetrol afirmó que se están desarrollando reuniones con Petrobras para evaluar el impacto del fallo, pero todavía no hay comunicados oficiales
A través de un fallo de tutela, un juez del Juzgado Cuarto Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta ordenó a Ecopetrol, Ministerio de Minas y Energía y Petrobras a que se suspenda inmediatamente la exploración del pozo Uchuva 2, hasta que se realice una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga.
La orden judicial recalcó que la consulta previa a las entidades locales es un derecho fundamental; por lo cual, el juez le ordenó al Ministerio de Interior a que en máximo un mes se realice consulta previa con el cabildo indígena de Taganga.
En el documento se mencionó que la autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, deben realizar estudios para identificar el impacto ambiental y sociocultural del proyecto. Además, ordenó a la Presidencia de la República a que implemente una coordinación institucional en un plazo que no supere seis meses para la garantía de la protección de comunidades ancestrales.
El juez también ordenó más medidas y coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública para la protección de las comunidades en procesos de exploración energéticos. Ecopetrol afirmó que se están desarrollando reuniones con Petrobras para evaluar el impacto del fallo, pero todavía no hay comunicados oficiales por parte de la petrolera.
“Tenemos gas, el inconveniente está en que no se ha logrado un acuerdo para que lo vendan y cómo lo van a comercializar”, manifestó Ortega. “Estamos viendo que el gas debería estar en déficit en aproximadamente 70 millones de pies cúbicos para el próximo año en el tercer trimestre. Desde Andeg no vemos que la falta de oferta sea a corto plazo; en contraste, el déficit debería estar para 2026”, manifestó Castañeda.
Ortega recalcó que es importante que haya un quórum en la Creg, con la finalidad de que las regulaciones se implementen y sean a tiempo.
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