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Ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.
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El análisis, según el Gobierno, identificó 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de $3,2 billones y más de 109.000 quejas desde 2024.
El Ministerio de Educación decidió no prorrogar el contrato de fiducia con Fiduprevisora, encargado de la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que vence este 31 de octubre. La determinación se tomó en el Consejo Directivo del Fondo y pone fin a una relación contractual que se mantenía desde hace 36 años.
La decisión se fundamentó en una revisión técnica, financiera y jurídica realizada en menos de 100 días, junto con los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo. El análisis, según el Gobierno, identificó 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de $3,2 billones y más de 109.000 quejas desde 2024.
El Gobierno señaló que la decisión responde al vencimiento del plazo contractual y se adoptó conforme a las reglas establecidas en el contrato. Sin embargo, aseguró que la terminación de la relación con Fiduprevisora no implicará la interrupción de los servicios ni de las obligaciones del Fondo durante la transición.
En materia de salud, continuará la atención de urgencias, los tratamientos y la entrega de medicamentos. También se mantendrán las pensiones, las cesantías y las demás prestaciones de los docentes.
Durante este proceso, la Superintendencia Nacional de Salud vigilará que no se interrumpa la prestación de los servicios. Además, el Gobierno anunció que informará periódicamente sobre los avances de la transición, con el propósito de proteger los derechos y las prestaciones del magisterio.
Durante esta etapa, el Gobierno Nacional, junto con los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, aseguró que coordinará las acciones necesarias para asegurar la continuidad de los servicios de salud y el reconocimiento de las prestaciones sociales.
El Fondo señaló que la transición no implica la interrupción de la atención a sus afiliados y que Fiduprevisora continuará administrándolo durante este periodo. Por tanto, los docentes y sus beneficiarios podrán seguir accediendo a los servicios médicos y realizando sus trámites prestacionales bajo las condiciones de operación vigentes. Entre las prioridades estarán el seguimiento a la red de prestadores, la atención de urgencias, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos prioritarios.
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