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Quinto decreto de emergencia económica
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Primera declaratoria del mandato fue en 2023, por el fenómeno de El Niño que azotó al departamento de La Guajira ese año
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0150 de 2026, mediante el cual declaró la quinta Emergencia Económica en lo que va del presente mandato.
En esta ocasión, la Emergencia se declaró por los fuertes aguaceros que azotaron diferentes regiones del país. En específico, se decretó para ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Desde comienzos de este siglo, en Colombia se ha declarado la emergencia económica en ocho ocasiones. Sin embargo, solo durante el gobierno de Gustavo Petro, y cuando aún faltan seis meses para que finalice su mandato, esta figura ya se había utilizado en cuatro oportunidades, las mismas que se registraron durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque.
La primera emergencia declarada por Petro se dio en 2023, debido al impacto del fenómeno de El Niño en La Guajira. La segunda se decretó en 2025, tras la escalada de violencia registrada en el Catatumbo. En ese caso, la Corte Constitucional volvió a intervenir para determinar cuáles de los decretos expedidos eran viables y guardaban relación directa con la atención de la crisis, y cuáles excedían ese marco.
La siguiente emergencia estuvo relacionada con el aumento de los casos de fiebre amarilla durante el primer semestre de este año. En ese escenario no se produjo un mayor despliegue de medidas económicas, debido a que los contagios no continuaron en ascenso y la situación logró estabilizarse.
Finalmente, en diciembre de 2025, el Gobierno declaró una emergencia económica con el fin de completar los recursos del Presupuesto General de la Nación, pero una vez más esta medida fue suspendida por la Corte Constitucional.
Según se argumenta en la exposición de motivos del decreto, en lo que va del año se ha presentado una “concentración temporal abrupta de las lluvias”, en comparación con el periodo climatológico de los últimos 30 años.
De hecho, el Ideam advirtió que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 6 de febrero, los acumulados de precipitación registrados en amplios sectores de la región Caribe superaron, aproximadamente, entre 130% y 180% del valor promedio esperado para el mes completo.
Además, para el periodo entre el 27 de enero y el 6 de febrero, la Ungrd reportó 65 emergencias, entre las cuales se cuentan 53 eventos de inundación, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, un caso de erosión fluvial y uno de erosión costera, en 61 municipios de ocho departamentos.
“Si bien el impacto directo sobre las personas naturales es cero, la pregunta es cómo puede incidir este impuesto en el comportamiento general de la economía”.
Carrillo señaló que “lo que se ha dado en los últimos días es un evento sin precedentes, que no era posible anticipar. En este momento, el Estado no tiene la capacidad de responder a este desafío, por lo que es necesaria la declaratoria”.
En esa línea, en el decreto también se argumenta que, en el periodo comprendido entre 1963 y 2026, solo se evidencia un evento comparable de esta magnitud en 1963, previo a la construcción del embalse de Urrá.
El impuesto al patrimonio, en el marco de esta nueva emergencia, aplicaría a patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.
Aunque el impuesto no ataca directamente a las personas naturales, expertos han señalado su inconveniencia. Roger Román, socio de Russell Bedford Colombia, explicó que “donde sí puede haber un efecto indirecto es en la percepción de estabilidad jurídica”.
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